Soberanía alimentaria o barbarie

En tiempos en los que la comida se ha transformado en un bien de lujo para millones de argentinos, esa máxima cobra una vigencia ineludible. En este artículo defenderé —tal vez sin lograr grandes resultados, pero con plena convicción de dar esta discusión — que la creación de una Empresa Nacional de Alimentos no solo es posible, sino también necesaria y plenamente viable.

Se trata de una herramienta estratégica para recuperar la soberanía alimentaria, garantizar precios justos y enfrentar la concentración económica que encarece el plato de cada argentino. La soberanía alimentaria no es una consigna vacía: es una urgencia concreta, profundamente vinculada con el concepto de una Nación en armas y estrechamente relacionada con condiciones materiales de nuestro pueblo.

Argentina enfrenta una realidad preocupante: según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un reducido grupo de empresas controla abrumadoramente la producción y comercialización de alimentos esenciales: más del 90% en productos básicos como aceite (75% entre Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza), azúcar (90% controlado por Ledesma, El Tabacal y Valpafe), lácteos (83% Mastellone), fideos (85% Molinos Río de la Plata), carnes, legumbres y otros productos clave. Esta situación permite a estas corporaciones establecer precios abusivos y obtener ganancias extraordinarias, agravando la pobreza y el hambre en sectores populares.

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La creación de una Empresa Nacional de Alimentos no solo es posible, sino también necesaria y plenamente viable.

Además, en la estructura inflacionaria argentina, los alimentos y bebidas no alcohólicas figuran de forma persistente entre los principales motores del alza de precios. Según datos recientes del INDEC, este rubro encabezó las subas en marzo de 2025 con un 5,9 %, y aunque la inflación general descendió en los meses siguientes, los alimentos continuaron empujando el índice, con incrementos interanuales del 35,5 % en mayo. Su peso específico dentro de la canasta básica del IPC, que ronda el 23 %, hace que cualquier suba en este sector tenga un impacto directo y sensible en el bolsillo popular.

La tierra como origen del modelo concentrado

La concentración económica del sistema alimentario argentino tiene raíces históricas profundas. Uno de sus hitos fundacionales fue la llamada “Campaña del Desierto”, una ofensiva militar ejecutada por el Estado nacional entre 1878 y 1885, bajo la conducción del entonces Ministro de Guerra Julio Argentino Roca. Aunque esta campaña permitió consolidar la soberanía territorial, extender el control estatal sobre vastas regiones y promover avances en infraestructura, institucionalidad y desarrollo científico, el pecado original también nacía con ella. Financiada por la Sociedad Rural Argentina, la campaña se tradujo en una redistribución regresiva de la tierra: la expulsión de pueblos originarios fue seguido por una masiva adjudicación de tierras a un núcleo reducido de familias allegadas al poder.

Entre los beneficiarios figuraban Victorino de la Plaza, Rudecindo Roca, Rafael Newbery, Salvador del Carril y Torcuato de Alvear, todos con vínculos personales y políticos con el general Roca. Así, mientras se asentaban bases materiales para el crecimiento del Estado-Nación, también se consolidaba una estructura de propiedad concentrada que sentó las bases del sistema agroalimentario excluyente que aún perdura: un modelo fundado en la desigualdad en el acceso a la tierra y en la apropiación privada de un bien común estratégico.

Esta concentración no es un accidente histórico ni una mera evolución del mercado: muchas de las familias que hoy controlan las principales agroindustrias fueron beneficiarias directas del reparto de tierras tras la ¨Campaña del Desierto¨. Apellidos como Blaquier (Ledesma) o los vínculos fundacionales de empresas como Molinos Río de la Plata con grupos históricos como Bunge & Born dan cuenta de una continuidad patrimonial que se extiende desde la apropiación originaria del suelo hasta el control actual de la mesa de los argentinos. La oligarquía que ayer se adueñó de la tierra, hoy se adueña del plato.

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En nuestro país, un reducido grupo de empresas controla el 90% de la producción y comercialización de alimentos esenciales.

Con el correr del siglo XX, gobiernos conservadores, neoliberales y dictaduras profundizaron este esquema, facilitando la extranjerización de la tierra y la consolidación de cadenas agroalimentarias verticalizadas, al servicio de la exportación y del lucro privado.

Una propuesta para democratizar el sistema alimentario

Frente a este escenario, Rafael Klejzer  propone la creación de una Empresa Nacional de Alimentos (ENA) como herramienta estratégica para garantizar el acceso a alimentos de calidad a precios justos y recuperar el rol planificador del Estado. La iniciativa contempla distintas formas organizativas: una empresa estatal con producción descentralizada; un modelo mixto público-privado que articule con cooperativas, sindicatos y actores comunitarios; el aprovechamiento de tierras fiscales para emprendimientos agroecológicos; y la expropiación de tierras extranjerizadas en defensa del interés nacional.

El diseño propuesto es federal y descentralizado, con plantas regionales de acopio, procesamiento y distribución que reduzcan costos logísticos y aseguren una llegada equitativa de los alimentos en todo el país. Su implementación se plantea en tres etapas: en el corto plazo, la compra centralizada y la eliminación de intermediarios; en el mediano, el desarrollo de infraestructura logística; y en el largo plazo, la consolidación de una estructura pública y sustentable que garantice soberanía alimentaria.

Esta visión no es una fantasía. Países como Bolivia ha logrado, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), estabilizar precios, fomentar empleo y fortalecer el consumo interno. En nuestro país, experiencias provinciales como “Sol Puntano” en San Luis y “Mejor Riojanas” en La Rioja muestran que la articulación entre Estado, productores y comunidad es posible y efectiva.

Asimismo, el modelo propuesto por Ciudad Futura en Rosario profundiza esta línea. Desde una lógica público-comunitaria, su Empresa Pública de Alimentos  articula con cooperativas y productores locales para ofrecer productos fraccionados en plantas propias, reduciendo entre 30 y 40% los precios respecto a las segundas marcas. Distribuyen alimentos secos en cajas accesibles a través de sindicatos, escuelas, centros comunitarios y nodos barriales. Esta gestión privada del interés público ofrece un camino replicable, y representa un antecedente valioso que anticipa en escala local lo que una Empresa Nacional de Alimentos podría lograr a nivel país si se articula con redes territoriales ya existentes.

En su recorrido por Tierra del Fuego, el compañero Pablo Garello del medio digital ¨Rosca y Tinto¨ destaca las iniciativas locales impulsadas desde la gestión del intendente Martín Pérez en Río Grande, orientadas a fortalecer la soberanía alimentaria. Señala que, si bien en un comienzo solo el 2% de los alimentos consumidos en la isla eran de producción local, ese porcentaje ha ido creciendo gracias a proyectos como la producción avícola municipal. 

En ese marco, Garello rescata una idea central transmitida por Santiago Barassi: “Río Grande debe convertirse en la granja y en la ferretería de la Antártida”, sintetizando así una visión estratégica que articula desarrollo productivo, presencia soberana y proyección bicontinental. Esta realidad efectiva podría servir de ejemplo para el rol catalizador que podría cumplir una Empresa Nacional de Alimentos, al articular y escalar este tipo de proyectos locales en una red nacional de producción y distribución con anclaje territorial.”

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Sabemos que el mercado organiza económicamente pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona

N.K – 25/05/2003

Aunque las propuestas como la de Klejzer constituyen un avance significativo y establecen lineamientos clave para una ENP, su implementación efectiva requiere afrontar desafíos concretos que exceden lo enunciativo y demandan una estrategia integral, técnica y políticamente robusta.

En primer lugar, es indispensable llevar adelante estudios financieros más rigurosos que aseguren su viabilidad económica a corto, mediano y largo plazo.

En segundo lugar, se requiere el diseño operativo y territorial de una red descentralizada de acopio, producción y distribución. Esta red debe contemplar las vastas distancias y particularidades regionales de un país como la Argentina, el octavo más extenso del mundo, y apuntar a integrar experiencias locales con criterios de eficiencia logística.

Por último, será clave desarrollar una estrategia precisa para enfrentar las previsibles resistencias del poder económico concentrado, que no cederá fácilmente su control sobre el sistema alimentario. Para ello, será necesario articular fuerza política, comunicación estratégica y alianzas sociales que respalden el proyecto.

Cabe recordar la experiencia frustrada del intento de estatización de la empresa agroexportadora Vicentin en 2020, la cual es un claro ejemplo. En ese caso, el entonces presidente Alberto Fernández decidió no avanzar con la expropiación luego de que el gobernador de Santa Fe, el «compañero» Omar Perotti, prometiera una propuesta superadora que nunca llegó a materializarse.

Asimismo, la mera existencia de una empresa de este tipo, sin el restablecimiento de un entramado legal que la respalde —como fue, por ejemplo, la derogada Ley de Góndolas, eliminada por el nefasto Decreto 70/2023—, no será suficiente para generar un impacto real en el acceso a dichos productos y en el bolsillo de los consumidores. El poder de fuego de las grandes empresas alimenticias es potente y será sostenido en el tiempo, ya que cuentan con el factor tiempo de su lado y con mucha más paciencia que una gestión de gobierno limitada a cuatro años (con suerte). Por eso, la Empresa Nacional de Alimentos podría ser parte de una estrategia integral, sostenida y con respaldo normativo que limite los abusos de posición dominante.

La propuesta también debe reconocer el papel clave de quienes ya vienen sosteniendo la alimentación del pueblo en los barrios: las organizaciones libres del pueblo. Cualquier diseño de Empresa Nacional de Alimentos sin la participación en sus estructuras corre el riesgo de convertirse en otro organismo burocrático alejado de la realidad del territorio. Para evitarlo, es fundamental establecer mecanismos concretos de participación de las organizaciones territoriales, cooperativas y sindicatos en su gobernanza. Una opción viable podría ser la conformación de un directorio mixto con representación estatal, social y técnica, o la creación de un consejo asesor multisectorial que garantice que las decisiones estratégicas estén ancladas en las necesidades reales del territorio.

Se recomienda leer la nota de El Aluvión: ¨El IAPI, una herramienta de estrategia soberana¨  para propuestas alternativas o complementarias.

En definitiva, así como en materia minera el debate gira entre extractivismo para pocos o soberanía nacional sobre los recursos, el dilema en torno a los alimentos es el siguiente: ¿seguiremos permitiendo que el mercado regule la comida del pueblo, o lucharemos para que se democratice el acceso y garantice la nutrición de nuestra nación?

Y en un segundo plano —aunque no menos importante—, ¿cómo vamos a garantizar la alimentación de nuestra fuerza de trabajo y la de los hombres y mujeres que integrarán nuestras FFAA, si realmente queremos sostener y defender una verdadera soberanía nacional? 

Como toda política soberana, requiere decisión, asumir el conflicto y una comunidad organizada que la respalde.