A los botes: a un mes de las elecciones, los planes y estrategias de cada sector
Los partidos políticos se acomodan a pocos días de volver a cruzarse en las urnas. Qué propone cada espacio para la Argentina que viene. Cuatro años entre recortes y ajustes, o recuperación y redistribución.
A casi un mes de las elecciones generales, los candidatos de las fuerzas más importantes comienzan a poner en juego todo su arsenal. Habiéndose dado una elección de tercios con un gran ausentismo, la discusión no pasa solamente en conseguir los votos que se hayan ido a los demás partidos (tanto a los que no superaron el piso de la PASO como de las otras fuerzas que sí), sino también en convocar y atraer a quiénes no quisieron votar.
El oficialismo recién ahora, después de una gran expectativa, empezó a poner a su favor el aparato del Estado traccionando políticas puestas en el foco de quienes sufren verdaderamente la crisis económica, que es la masa trabajadora. Cada una de ellas se propone aplacar el peso en distintos sectores, presentadas en los paquetes de medidas que anunció el ministro-candidato Sergio Massa éstas últimas semanas.
En primera instancia, una de las últimas políticas (con un impacto realmente visible) fue la quita del impuesto a las ganancias, que en un principio se concretó para 14.000 empleados de YPF. Esta medida se contrapone con los requerimientos del FMI y además empuja a la confrontación local contra quienes realmente tienen ganancias altas: los sectores concentrados del poder económico.
Luego de que Sergio Massa afirmara que si llegase a ser presidente “todos los trabajadores no pagarían más ganancias”, empezaron a verse también las provocaciones desde la oposición, acusándolo de demagogo y que, si tanto lo querría, “podría hacerlo ahora como ministro de Economía”. Es por eso que pocos días después, en un acto en el Ministerio, el candidato de Unión por la Patria (UxP) anunció que dejarán de pagar ganancias los trabajadores con salarios de hasta 1.770.000 pesos mensuales, monto equivalente a 15 salarios mínimos. Con esta medida, manifestó que su gobierno:
“Va a estar marcado por la recuperación del salario y del ingreso en Argentina».
Mientras que dirigentes políticos y gremiales celebraron el anuncio, hubo economistas de la oposición que ya amenazaron con que esta decisión “provocará más inflación”.
La medida implica, concretamente, elevar el piso a partir del cual un trabajador es considerado apto para el pago de ganancias. Sin embargo, el salario no es ganancia. El trabajador vive de su salario, mientras que el que vive de ganancias es el patrón. Esta es la relación social fundante del capitalismo, donde unos pocos succionan la riqueza social generada por los trabajadores para vivir.
En este contexto también se publicó, desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes de agosto. El informe detalla que los precios a nivel nacional durante el mes pasado fueron en promedio un 12,4% mayor a los registrados durante julio de 2023. Es el mayor incremento desde febrero de 1991.
No obstante, algunas categorías subieron por sobre el promedio a nivel nacional, como la categoría alimentos y bebidas no alcohólicas que trepó al 15,6%, mientras que la suba en carnes y derivados, así como también la de verduras, tubérculos y legumbres en el Gran Buenos Aires, fue del 25,6% y de 20,3% respectivamente. La necesidad de los grandes grupos económicos de generar el caos y la profundización del hambre crece día a día, en la medida que se acercan las elecciones. Si analizamos los precios por categorías, vemos que aquellas fundamentales para el desarrollo de la vida de los trabajadores y las trabajadoras fueron las más afectadas.
En este sentido y luego de dar a conocer el informe, Massa puso en marcha un programa de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras de artículos de la canasta básica, que busca contener a trabajadores que cobran salarios hasta $708.000, a los y las beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a 2,3 millones de monotributistas que no perciben otro ingreso y para 440.000 empleadas domésticas. Todo esto lo que hace es poner en el centro la creación de medidas que beneficien a la masa obrera para que puedan acceder a los productos de primera necesidad. Si bien las medidas tendrán una validez hasta el 31 de diciembre, el ministro de Economía destacó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para que este beneficio se extienda a 2024 por un monto de hasta $23.000 mensuales.
Por último, atendiendo a la petición de Tierra, Techo y Trabajo, el sector que impulsa el ex precandidato Juan Grabois dentro de UxP, se lanzó el “Registro Único de Solicitantes de Lotes” para que se inscriban todas las familias que no tengan acceso a la tierra, buscando identificar la demanda nacional de suelo para la creación de 4 millones de nuevos lotes para los sectores populares. Los solicitantes tendrán la opción de pedirlo como lote urbano familiar o como lote productivo agrícola. Esta medida forma parte de una política de acceso igualitario a la tierra, aquella que es tan difícil de acceder para las capas medias y bajas de la sociedad.
Mientras tanto los programas de la oposición también se pusieron en marcha, como la promesa de Patricia Bullrich de “eliminar para siempre al kirchnerismo”, junto a diversas propuestas como la eliminación del cepo, de impuestos a las grandes empresas y a las exportaciones. Anunciaron, además:
la eliminación de retenciones a las economías regionales y un «horizonte de reducción» de los derechos de exportación del resto de los productos. También prometieron la supresión de todos los cupos de exportación. Vemos, de esta manera, la entrega hacia los dueños de las tierras de nuestro país.
Con respecto a las políticas sociales, Bullrich plantea la conversión de planes sociales en seguros de desempleo, los cuales durarán uno o dos meses y, si no se encuentra trabajo, se les dará de baja. En cuanto a la reforma laboral, sector de la candidata de JxC propone una “modernización del régimen laboral” quitando indemnizaciones, y convenios de trabajo, flexibilizando los contratos laborales en favor de las empresas privadas, implementando regímenes de licencias estrictos y la penalización de la protesta, entre otras políticas del mismo calibre.
Por otra parte, Bullrich defiende también la reducción de los ministerios y privatización de grandes empresas nacionales, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas. Es decir, el mismo proceso de «racionalización» para evitar déficit fiscal, se le exigirá al resto de las empresas públicas del Estado. A esa estrategia se la conoce como “privatización encubierta”.
Si analizamos sus propuestas, vemos con claridad que su interés no es la clase trabajadora. Pero además, tampoco explica como es que éstas políticas (ya probadas en nuestra historia) podrían mejorar la vida de los argentinos.
Javier Milei, presentado como el candidato más a la derecha, ya reculó con sus propuestas argumentando que “atraviesan a varias generaciones” y que llevarán, por lo menos, 35 años en implementarlas. Ahora que se encuentra dentro del juego real de la política se muestra más atento a sus formas. Ergo, solicitó ayuda.
El candidato de La Libertad Avanza viajó al imperio yanqui donde mantuvo reuniones con representantes de los grupos inversionistas como lo son: Allianz SE, BlackRock, FMR, Capital Group, UBS, Credit Agricole Group, Vanguard Group, NN Group, Intesa Sanpaolo, Global Evolution, Ashmore Group, TCW Group, entre otros. A su vez, los economistas Darío Epstein y Juan Nápoli, ambos enviados por Milei, mantuvieron un encuentro con inversionistas y banqueros en Greenwich, en la casa de Gerardo Mato, ex ejecutivo de HSBC, un distrito de mansiones millonarias en Connecticut.
Los inversionistas mencionaron que encuentran sentido en que los enviados de Milei busquen sondear cuáles son las expectativas, dado que cualquier plan de estabilización puede depender también de eso. Ellos vieron “con buenos ojos muchas de las propuestas, sobre todo las que implican eliminar regulaciones y bajar gasto público”. Para ellos, que “el objetivo de estabilizar y darle más espacio al sector privado sea prioridad como pregonan, resultará muy positivo para el crecimiento (una vez hecho el ajuste) y, una vez que se entre en esa senda todo va a resultar más fácil”. Las preguntas de los inversores pasan por otro lado: dudan de la capacidad de implementación.
Las dos alas de la derecha son iguales: resultan entreguistas y sin propuestas claras para la clase trabajadora. Hoy día se encuentran en una disputa por, entre otras cosas, la adhesión de la casta militar.
La candidata presidencial de Juntos por el Cambio pidió a los integrantes de las Fuerzas Armadas su voto, en una misiva en la cual promete una «salida justa para el inequitativo y en ocasiones inhumano trato que reciben los militares que fueron condenados por delitos de lesa humanidad”, en palabras precisas de sus candidatos.
Por su parte, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, celebró en la Legislatura porteña un acto por las “víctimas del terrorismo”, con el objetivo de negar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. Entre los presentes en el acto estuvo el ex mayor del Ejército Marcelo Llambías, denunciado por presuntas torturas y vejámenes cometidos a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.
Según el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, quién fuera impulsor de la denuncia judicial contra Llambías, lo describió como «un viejo promotor de la impunidad y de la tortura a los soldados argentinos en Malvinas durante la guerra de 1982″. Vassel comentó que entre los delitos denunciados en la Justicia se encuentran, además de torturas, abandono de persona seguido de muerte, coacción, amenazas, odio racial y hasta vejámenes sexuales cometidos contra algunos soldados.
Los candidatos de la Embajada se pelean por ver quién junta más votos de los enemigos del pueblo, queriendo revivir la teoría de los dos demonios y negando los crímenes que los monopolios ejercieron a través de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.
Los sectores populares debemos tener bien en claro quiénes son nuestros enemigos, para así discutir cómo es el reparto de la riqueza socialmente producida por los trabajadores y trabajadoras. El eje de la discusión debe radicar en debatir cómo garantizaremos que cada familia pueda acceder a los servicios y productos básicos como lo son alimentación, vestimenta, salud y la recreación, entre otros.
Y esto no lo vamos a lograr solamente votando al candidato del frente nacional, sino a través de la organización y de la lucha contra los adversarios del pueblo, que son la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCHAm), la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Todos estos sectores hoy se ven representados por sus dos patas políticas locales: el Pro de Bullrich y la Libertad Avanza de Milei.