País por país, la situación en América Latina ante las “amenazas a la democracia”
Bajo una matriz filosófica, varios pueblos de Latinoamérica llegan a las urnas para discutir que modelo de país quieren. Uno por uno, como está cada uno de ellos.
¿Existe la posibilidad de un mundo sin derechos? La respuesta es inevitablemente negativa. Pero peor aún, es el escenario de un mundo hecho un mero instrumento de dominación del poder concentrado, sin el derecho al amparo de los sectores postergados. Ese mundo, el de la ineludible conveniencia para la perpetuación del capital en pocas manos, es el mundo que diversos sectores intentan imponer en toda la región. He aquí algunos ejemplos.
En Chile el Consejo Constitucional llevó a cabo la votación en comisiones de las casi mil enmiendas presentadas al proyecto de la nueva Carta Magna, muchas de las cuales vulneran o eliminan derechos fundamentales de la población.
Un ejemplo de esto, es el retroceso sobre la ley de interrupción del embarazo. Si bien Chile aún no cuenta con una ley que efectivice el resguardo de las personas con útero, que disponga para los cuerpos gestantes la decisión de interrumpir un embarazo ante cualquier motivo, sí habían avanzado en la garantía de poder llevarlo a cabo ante casos de violación, malformación del feto o de riesgo para la vida de la madre.
También aprobaron que las personas condenadas a prisión, sin importar el delito que hubieran cometido, pudieran reclamar el arresto domiciliario cuando acrediten sufrir una enfermedad en fase terminal, lo cual incluye a los violadores de los derechos humanos.
También elevaron a rango constitucional a las empresas administradoras de fondos de pensiones, que obtienen enormes beneficios propios con el manejo de las cotizaciones de los trabajadores, pagando jubilaciones ínfimas, incluso por debajo del salario mínimo.
En Perú las protestas populares reaparecieron, esta vez, en contra de los intentos del Poder Legislativo de apoderarse de los aparatos judicial y electoral, lo que les daría el control sobre los nombramientos de jueces, fiscales y miembros de los organismos electorales.
La convocatoria fue gestada, principalmente, por organizaciones de la sociedad civil, siendo promovida por la Plataforma por la Democracia, el organismo que agrupa a más de 60 agrupaciones civiles, como lo son la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Con frases como «democracia sí, dictadura no», la ciudadanía se dirigió al Palacio de Justicia, en la localidad de Cercado de Lima.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un ente que nombra, fiscaliza y de ser necesario sanciona a jueces, fiscales y jefes de organismos electorales. En este sentido, la derecha y sus aliados podrían apartar a los fiscales vinculados al juicio que comenzará en unos meses contra Keiko Fujimori, la excandidata presidencial acusada por lavado de dinero. También podrían llegar a controlar de cerca el proceso electoral de 2026. Y también, con estas facultades, podrían llegar a controlar a la fiscal general investigada por la Junta, Patricia Benavides, investigada por proteger a su hermana Emma Benavides, jueza acusada de vínculos con narcotraficantes.
Todo esto se desató cuando la derecha (encabezada por el fujimorismo) y sus aliados, como el partido Perú Libre, que apoyó al expresidente Pedro Castillo en las elecciones, propusieron en el Legislativo crear una comisión interna investigue sumariamente a los miembros de la JNJ por “incurrir en supuestas faltas graves”. Según se supo, éstas tendrían relación con adelantos de opinión, filtración de documentos y mantenimiento en el cargo de una de las integrantes de la Junta pese a que supera los 75 años que fija la ley como edad máxima.
La propuesta del gobierno de facto de Dina Boluarte, después del golpe judicial al presidente Pedro Castillo, es la misma receta que se viene aplicando a nivel regional como pasó con Evo Morales en Bolivia tras el golpe judicial de Jeanine Áñez, o como sucede con la actual persecución judicial a través del lawfare a Cristina Fernández en nuestro país.
En Guatemala la vicepresidenta electa, Karin Herrera, llamó al pueblo a movilizarse contra las maniobras golpistas del poder Judicial, que insiste en negar el triunfo de Bernardo Arévalo como nuevo presidente. Durante la jornada de protesta se denunciarán los allanamientos en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, incluida también la revisión de cajas con votos del pasado 25 de junio, además todo el accionar de la justicia. Estudiantes, religiosos y pueblos originarios acompañarán la marcha.
Herrera también le pidió al pueblo que siga acompañando al nuevo gobierno en las demandas sobre la presentación de un recurso legal por la restitución del orden constitucional. Se desarrollará un acto de protesta contra las medidas de la Corte Suprema que, tras la intentona golpista, persiste en quitarle la legitimidad al proceso eleccionario y al reconocimiento de Bernardo Arévalo como presidente democrático.
«Pusieron en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia de nuestro país, encabezado por la Fiscal General, Consuelo Porras», denunció Arévalo.
Desde que quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones celebradas el 25 de junio, el juez Orellana ordenó, el pasado 12 de julio, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendiera la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, tal como había solicitado el fiscal Rafael Curruchiche en el marco de una investigación, según la cual esta formación “habría falsificado la firma de más de 300 afiliados, incluyendo la de 18 personas ya fallecidas para constituirse en el 2017”. No obstante, la Corte de Constitucionalidad impidió esta medida, tras otorgar un amparo provisional a Semilla, permitiendo así que Arévalo se pudiera postular para la segunda vuelta, celebrada el 20 de agosto en la que arrasó por más de 20 puntos por encima de su rival, Sandra Torres.
Esto no impidió que nuevamente se activara la maquinaria para ilegalizar a su partido, de forma que el mismo día en el que se oficializaron los resultados de la segunda vuelta (el 28 de agosto), el director del Registro de Ciudadanos del TSE resolvió suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla dejando al presidente electo sin partido político a pocos meses de que asuma el poder el 14 de enero de 2024.
Por su parte Panamá estuvo marcada por protestas contra el contrato ilegal de Minera Panamá y la canadiense First Quantum, ambas desoídas por la justicia y el gobierno, que además endureció las medidas contra los migrantes que pasan por Panamá en busca de un imposible sueño americano que los excluye sistemáticamente.
Algunas agrupaciones sociales señalaron que la tierra “no puede pertenecer a una persona o a un grupo para, solamente, considerar sus intereses económicos, sin considerar el bien común de la comunidad humana”.
Por otro lado, esta semana, el Servicio Nacional de Migración (SNM) decretó medidas muy duras para “contener los crecientes flujos irregulares migratorios”, cuya cifra estaría cerca de llegar al medio millón de personas para finales de este año, si se llegase a mantener la actual tendencia.
En una conferencia de prensa, la titular del organismo Samira Gozaine, indicó que “con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SeNAN) duplicarán o triplicarán las deportaciones y expulsiones de ciudadanos ilegales o con antecedentes penales”.
Todo pareciera marcar que la presión contra nuestros hermanos latinoamericanos, no mermará en un futuro cercano, mientras la consigna «unidos o dominados» se realza a flor de piel.