La Provincia del Pecado

«El Estado de Buenos Aires tiene constituida tal unidad y tal poderío económico y político que no habrá fuerza ni partido que pueda ya retrotraerlo al pasado.»
Valentín Vergara – Gobernador por la UCR de Buenos Aires (1926–1930).

La provincia de Buenos Aires es, desde hace más de un siglo, el corazón político, económico y demográfico de la Argentina. Sin embargo, esa centralidad también es su mayor problema: se trata de un territorio desmesurado —comparable a Italia y más grande que la República Checa, Austria, Croacia, Bielorrusia, Rumania y Serbia— con más de 17 millones de habitantes mal distribuidos. En el conurbano, la densidad supera los 5.000 hab/km² y concentra cerca del 40 % del electorado; por lo tanto, absorbe una porción abrumadora de la atención institucional y termina distorsionando la política federal. 

En una conversación reciente con Rosendo Grobo, el politólogo Andrés Malamud describió con contundencia el problema estructural de la provincia: “Está mal diseñada incluso para quienes, en teoría, se benefician de ella” —en alusión al peronismo. 

Su diagnóstico es claro: A nivel nacional, la provincia de Buenos Aires —y en particular el conurbano— aparece subrepresentada en el Congreso pese a su peso demográfico. Asimismo, a nivel provincial, el conurbano, que concentra la mayoría del electorado, cuenta con menos diputados en proporción que las secciones del interior, que resultan sobrerrepresentadas en la Legislatura bonaerense. 

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En el conurbano, la densidad supera los 5.000 hab/km² y concentra cerca del 40 % del electorado.

A esta desigualdad se suma una paradoja institucional: desde 1999, todos los gobernadores salvo uno han sido porteños de nacimiento y/o por formación política —Carlos Ruckauf (PBA), Felipe Solá, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof—, promovidos o designados por el presidente de turno. Un dato no menor: ninguno de ellos ha logrado, hasta ahora, alcanzar la presidencia de la Nación, lo que refuerza la idea de una dirigencia provincial débil y dependiente del poder central.

Malamud advierte que esta desproporción no solo perjudica al resto de las provincias argentinas, sino que también asfixia a los liderazgos que intentan emerger desde Buenos Aires: “Se cansan los liderazgos de morir en la provincia”. Frente a este panorama, propone la creación de un Ministerio de Reforma Bonaerense que estudie experiencias internacionales y elabore un plan para dividir, regionalizar o funcionalizar la provincia, corrigiendo así el sobredimensionamiento que hoy amenaza la gobernabilidad y el federalismo.

El politólogo no fue el primero —ni el único— en señalar a la provincia como un problema político. Ya en 1980, el ingeniero Guillermo Laura, ex funcionario de la última dictadura militar, impulsó la creación de una “provincia urbana” que integrara la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bajo un mismo gobierno, con límites y competencias definidos de forma funcional.

Seis años después, en 1986, el ex presidente Raúl Alfonsín (UCR) advertía que el Área Metropolitana concentraba un poder político y económico de magnitud insostenible. En el marco de su Plan para una Segunda República Argentina, propuso trasladar la Capital Federal a Viedma–Carmen de Patagones y conformar la Provincia del Río de la Plata, uniendo la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense.

En 2002, el ex presidente Carlos Saúl Menem (PJ) retomó esa línea de pensamiento con su proyecto de la Provincia del Plata, también orientado a separar el AMBA del resto del territorio bonaerense.

Ya en 2019, el urbanista Marcelo Pazos (ex funcionario de gestiones radicales municipales) publicó Bajo Paraná, donde diagnosticó la desigualdad metropolitana y planteó una articulación territorial capaz de compensar las asimetrías entre regiones.

Finalmente, en 2021, el senador Esteban Bullrich (PRO) llevó la discusión más allá, proponiendo dividir la provincia en cinco nuevas jurisdicciones —Norte, Sur, Atlántica, Luján y Río de la Plata— como estrategia para ¨mejorar¨ la gobernabilidad y equilibrar la representación política.

A lo largo de la historia, han sido pocos los dirigentes peronistas que se animaron a repensar la provincia de Buenos Aires desde una perspectiva de ordenamiento político, administrativo y urbanístico. 

En la década del 50, Domingo Mercante (PJ) creó el Instituto Inversor de la Provincia de Buenos Aires para planificar urbanísticamente y construir infraestructura social, buscando equilibrar el desarrollo territorial. 

En los años 2010, José Ottavis (PJ-FPV) impulsó modificaciones legales para mejorar el acceso a la vivienda, el ordenamiento territorial y el fortalecimiento municipal. 

Más recientemente, Francisco “Paco” Durañona (PJ, intendente de San Antonio de Areco y senador provincial 2011–2023) advirtió sobre la centralidad excesiva del conurbano que margina al interior bonaerense, y desde su Movimiento Arraigo propuso un federalismo del siglo XXI basado en el fortalecimiento de gobiernos locales, vivienda digna, agroecología, educación, conectividad y justicia de proximidad. 

El más audaz en términos de reforma territorial fue Eduardo Duhalde, cuyo Proyecto Génesis 2000 tuvo una primera etapa concretada —con la división de varios partidos del GBA— y una segunda inconclusa que buscaba fraccionar Lomas de Zamora y dividir La Matanza en tres nuevos municipios: La Matanza (residual), Eva Perón y Juan Manuel de Rosas.

Ahora la cuestión central es aceptar o no que existe un problema. Si se considera que no lo hay, el peronismo podría seguir actuando como hasta ahora con idénticos resultados en su gestión o incluso peores. Pero si se reconoce que la provincia de Buenos Aires requiere cambios, entonces debe asumir el desafío de intervenir urbanística y políticamente, y presentar su propia propuesta de provincia.

Hasta el momento, las principales ideas de reforma han surgido de sus opositores, muchas veces con la intención de quitarle al peronismo el control de lo que llaman “la madre de todas las batallas” electorales. La pregunta es inevitable: ¿qué provincia queremos?, ¿qué provincia necesitamos?, ¿estamos bien así o es hora de hacer algo?

“La gobernación de Buenos Aires, La Provincia Inviable.” Jorge Asís

A lo largo de las últimas décadas, el peronismo ha sido el principal administrador de la provincia de Buenos Aires sin lograr avanzar en reformas estructurales de su régimen político y territorial. Hoy la Provincia está partida en múltiples mapas: 12 regiones sanitarias, 25 educativas, 21 judiciales, 14 culturales, 14 de seguridad, 12 viales, entre otras; un mosaico anárquico donde cada ministerio dibuja su propio territorio. 

La regionalización vigente no responde a un criterio integral sino a resoluciones aisladas, decretos parciales y leyes dispersas, lo que genera superposición, ineficiencia y descoordinación. En 2011 el entonces gobernador Daniel Scioli presentó un ambicioso Plan de Regionalización para la provincia de Buenos Aires, pensado para desconcentrar y descentralizar la administración provincial, fortalecer la autonomía municipal, integrar la gestión del Área Metropolitana y modernizar la estructura estatal con soluciones tecnológicas, la iniciativa nunca pasó de la cámara de diputados donde obtuvo media sanción. 

En rigor, el proyecto de Ley Marco de Regionalización habilitaba hasta 12 regiones más la Región Capital, aunque técnicamente se discutía en torno a un diseño de 8 o 9 bloques territoriales con límites basados en criterios socioeconómicos, históricos y culturales: cuatro en el interior (hasta 1,4 millones de habitantes cada una), cuatro en el conurbano (hasta 3 millones) y una Región Capital.

El plan se apoyaba en estudios técnicos de la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial, que incluían proyecciones demográficas por sección electoral, estimaciones del Producto Bruto Geográfico (PBG) por área, análisis de accesibilidad vial y ferroviaria, y evaluación del equipamiento social. Como instrumentos de implementación, se preveían leyes provinciales, decretos reglamentarios y agencias regionales de gestión, con la intervención de ministerios sectoriales. Además, contemplaba fases de ejecución con plazos de entre 12 y 36 meses y responsables políticos y técnicos definidos.

Sin embargo, pese a este sustento metodológico, la propuesta se topó con múltiples obstáculos. No solo la falta de consenso político y la resistencia de intendentes que temían perder poder territorial minaron sus posibilidades, sino que también pesaron limitaciones técnicas y logísticas: ausencia de presupuesto específico, superposición de competencias con otras jurisdicciones, falta de un marco legal claro y carencia de mecanismos estables de coordinación entre niveles de gobierno (Provincia – Municipios –Agencias). Problemas estructurales que, no resueltos en la etapa de diseño, condicionaron severamente la viabilidad del proyecto.

La ausencia de un debate profundo dentro del partido, sumada a la priorización de la coyuntura electoral por sobre la planificación a largo plazo, dejó a la fuerza propia en una posición reactiva frente a los proyectos opositores. Esto no solo perpetuó las desigualdades regionales, sino que también erosionó la capacidad del peronismo para liderar una agenda de transformación que le otorgue legitimidad política, proyección estratégica y beneficios concretos para toda la provincia. A ello se agrega que, en el estado actual, existen más discusiones pendientes que no pueden llevarse adelante porque el partido permanece vitualmente cerrado y conducido por una dirigencia que restringe la participación.

A pesar del personaje y su deriva política posterior, la propuesta original no era mala en sí misma; su principal debilidad radicó en una génesis deficiente y en una discusión en el senado que imposibilito su aprobación y la posterior implementación que nunca sucedió. 

Hoy, más de una década después, resulta posible y necesario retomar lo valioso de aquel intento, potenciándolo con legitimidad social, músculo político y una estrategia de construcción de consensos. Incluso para el actual gobernador Axel Kicillof, dividir la provincia sin resolver la cuestión de los recursos sólo multiplicaría la pobreza administrativa: “Cinco provincias pobres en vez de una”.

La actualización debería iniciarse con un esquema escalonado por etapas:

• Como primer paso, se propone realizar un congreso partidario que unifique criterios y defina la necesidad de la reforma. En paralelo, sería interesante comenzar a trabajar en la construcción de consensos, acercando posiciones tanto con aliados como con opositores. 
  
  
• Una vez alcanzado ese consenso inicial, el siguiente paso sería organizar jornadas abiertas en universidades públicas bonaerenses —como la UNLP, la UNLa, la UNAJ, la UNSAM, la UNMdP y la UTN— para convocar a especialistas y estudiantes de distintas disciplinas (derecho, ciencia política, planificación territorial, economía, ingeniería, gestión pública, entre otras) a debatir sobre descentralización y equidad territorial. 
  
  
• A ello se sumarían foros en clubes de barrio y centros comunitarios —verdaderos núcleos de la vida social—, junto con mesas de trabajo en las intendencias, coordinadas con referentes locales. De este modo, todas las propuestas de mejora e implementación podrían articularse en una verdadera sinergia entre la política, las organizaciones libres del pueblo y la sociedad civil.
  
  
• El último tramo de la estrategia requeriría la integración activa de intendentes y una ingeniería legislativa sólida —que contemple una eventual reforma constitucional provincial y/o una ley integral de regionalización inspirada en la Ley Orgánica de las Municipalidades— para garantizar consenso político y viabilidad. 
  
  

Con ello, el peronismo podría marcar la agenda con una narrativa de “Provincia Organizada”, enlazando la histórica idea de comunidad organizada con un federalismo real, sostenido por una red de militantes, cuadros académicos y referentes comunitarios que mantengan el debate vivo en la calle, los medios y las redes.

La nueva propuesta no solo busca corregir las falencias del fallido plan de 2011, sino que responde a problemas estructurales que siguen trabando el desarrollo bonaerense. Establecer regiones con límites demográficos claros —máximo 1,4 millones de habitantes en el interior y hasta 3 millones en áreas metropolitanas— permitiría reducir la concentración poblacional del conurbano, mejorar la planificación territorial y garantizar una prestación más eficiente de servicios. La creación de centros regionales alejados estratégicamente más de 200 km de la Ciudad de Buenos Aires desconcentraría la toma de decisiones, fortaleciendo liderazgos locales y una “clase política bonaerense” con identidad propia.

Por otro lado, la experiencia de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) demuestra que es posible superar las fronteras político-administrativas cuando los problemas son comunes y urgentes. Allí, Nación, Ciudad y Provincia se articularon en un organismo interjurisdiccional para enfrentar la contaminación de la cuenca (a fuerza del fallo ¨Mendoza¨ de la Corte Suprema), con resultados dispares pero con un marco institucional que sentó precedentes. Retomar esa lógica permitiría imaginar agencias similares para el transporte metropolitano, la seguridad y la infraestructura básica, donde la coordinación entre CABA y el conurbano deje de ser un parche ocasional y se transforme en política de Estado. La propuesta de pensarlas como una unidad funcional y no como compartimentos estancos es condición necesaria para que la gobernanza del AMBA deje de ser parte del problema y empiece a ser parte de la solución.

Una provincia territorial y demográficamente más equilibrada dejaría de condicionar su política interna al peso desproporcionado del conurbano y ganaría en soluciones efectivas para su interior. La “Provincia Organizada” sería así una estrategia integral donde universidades, organizaciones libres del pueblo, intendentes y legisladores construyen consensos duraderos, posicionando al peronismo como el único actor con capacidad real para ejecutar una reforma estructural pensada para todos los bonaerenses.

La regionalización no debe ser vista como un capricho tecnocrático sino como un puente para acercar el Estado provincial a los vecinos, desburocratizar trámites y equilibrar el desarrollo. La opción no es entre mantener el caos actual o dividir la provincia en cinco: existe un camino intermedio que es una regionalización armónica, con competencias claras y presupuestos propios.

La discusión sobre la provincia de Buenos Aires no es un debate técnico aislado, sino una urgencia política que interpela, ante todo, al peronismo. Nuestra historia nos coloca en la responsabilidad de encarar transformaciones profundas, sin temor a revisar estructuras que ya no le sirven a los bonaerenses. 

No podemos seguir delegando la agenda provincial a la improvisación o a la inercia; necesitamos una clase dirigente que asuma su pertenencia, su territorio y su pueblo como ejes irrenunciables de gestión. Y como militantes, debemos ser protagonistas de este cambio, organizando, proponiendo y disputando sentido en cada barrio, universidad, sindicato y club. 

Una provincia más justa y equilibrada no será el resultado de un gesto aislado, sino de una decisión colectiva y sostenida de hacer de la comunidad organizada la base real del federalismo argentino.