“Good bye, EEUU”: se profundiza su retirada con Colombia, México y Ecuador a la cabeza

La imposibilidad de generar consenso por parte de las grandes potencias capitalistas, consolidadas después de la Segunda Guerra Mundial, se observa tanto en su aspecto negativo como también positivo. Si los países que transitaron la mitad del siglo XX y parte del siglo XXI como subordinados del imperio norteamericano pueden rebelarse y sostenerse es, centralmente, por la existencia de un orden antagónico en el plano internacional que disputa su hegemonía económica y, por tanto, su superestructura política. 

Como mencionábamos hace algunos análisis, la ruptura de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita con EEUU o la rebelión actual de los países africanos contra sus colonizadores europeos se da, en palabras de Henry Kissinger, por la existencia “de un polo de poder económico que puede pelearle de igual a Estados Unidos, por primera vez en la historia”. Y este proceso se observa, naturalmente, en Nuestramérica.

La crisis estructural del capital obliga a los monopolios capitalistas a soltarle la mano a sus aliados históricos para sostener su tasa de ganancia decreciente y esa es la ventana de posibilidad para el triunfo de los proyectos antiimperialistas del Tercer Mundo. 

Hace no mucho tiempo la CIA y la OTAN perdieron, en la región Latinoamericana, sus dos bastiones históricos en mano de proyectos populares: México, con la derrota del PRI después de 70 años de la mano de López Obrador; y Colombia, luego de siglos de dominación de la United Fruit Company y de los socios del imperialismo, de la mano de Gustavo Petro. Ambos países, ¿casualmente?, destruidos socialmente por el dominio del narcotráfico y la mafia.

Tal es así que, de acuerdo a un estudio realizado por la revista Science, los cárteles de droga mexicanos -que son alrededor de 150-, son el quinto empleador del país, teniendo entre 160.000 y 185.000 miembros solo en 2022. Se encuentran, de esta manera, apenas por detrás de la multinacional Bimbo y la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). El reclutamiento de nuevos integrantes alcanzó a 19.000 personas en 2022, con la necesidad de compensar las bajas generadas. Se estima que, en un lapso de diez años, alrededor del 20% terminará en la cárcel y casi otra parte igual, muertas. Todo esto se da a pesar de los constantes esfuerzos del gobierno actual por combatir a un narcotráfico que, para sorpresa de nadie, no solamente no opera contra el Estado, lo penetra por todos los flancos con sus cuadros corruptos.

Colombia y los “llamados a la paz”

Algo similar a lo que mencionábamos está ocurriendo en Colombia: los llamados a la paz de Petro tienen la difícil tarea de construir un proceso de confianza en un Estado que operó desde siempre en favor del desarrollo de los cárteles de droga al servicio de la DEA (agencia “antidrogas” estadounidense), la CIA y la OTAN. El alto al fuego y las negociaciones entre Gustavo Petro y las facciones activas de las FARC buscan terminar con un enfrentamiento de más de seis décadas que lleva ya más de 450.000 muertos y varios miles de desplazados. Sin embargo, es debido a este trabajo que comienzan a conocerse testimonios de cuadros administrativos del Estado que permiten conocer, de forma directa, cómo trabajó la violencia estatal y paraestatal durante los años precedentes.

Durante la segunda jornada de la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde muchos ex militares confesaron sus crímenes de guerra contra su propio pueblo, el General retirado Henry Torres se adjudicó 196 crímenes de civiles. Según sus palabras, el propio Ejército premiaba las bajas y presionaba para su aumento, a pesar de que fueran “falsos positivos”, lo que generó que muchos militares utilizaran los asesinatos como recurso para ascender en el escalafón militar.

“Esas presiones nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, despreciando el carácter humano de las víctimas», sostuvo Torres al final de su declaración. Por su parte, el Mayor retirado Edwin Gordillo reconoció 80 asesinatos civiles realizados por su Batallón de Infantería y, a la vez que reconoció la autoría de las Fuerzas Armadas en el asesinato de 303 personas en el departamento de Casanare, el número de jóvenes inocentes asesinados alcanzaría los 6.400.

En ese marco de crisis fue que se hizo la Cumbre de jefes de Estado y Gobierno del G77+China en La Habana (Cuba) la cual volvió a contar, luego de casi 30 años, con la presencia de México. Este país había abandonado el organismo al ingresar, en 1994, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo dominado por la política económica estadounidense. En dicho encuentro, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, planteó la necesidad de “acelerar el proceso de intercambio comercial en diversas monedas y abrir un ciclo de desarrollo mundial para el crecimiento del Producto Interno Bruto”. A su vez, denunció la política de sanciones y bloqueos del Imperialismo en la región, expresando que:

“…ha llegado el momento de poner punto final a los patios traseros porque no somos piezas de un tablero de interés de la apología de la dependencia; nuestras naciones no deben continuar sufriendo la privatización masiva de sus territorios”. 

En ese sentido, el presidente cubano Díaz Canel respondió que “al que piense que Cuba está aislada, se le derrumbó el argumento”. Maduro, por su parte, expresó:

“Pareciera estar conjugándose todas las condiciones históricas y políticas para que nuestros pueblos del Sur podamos levantar las banderas de independencia y soberanía. Y así poder, concluir el siglo XXI como nuestro siglo, sin imperialismo, sin hegemonismo, en el que basemos las relaciones en la complementariedad permanente (…) Hoy en el siglo XXI somos luz y faro de la justicia y la igualdad en el mundo entero.”

Sin embargo, a pesar de la existencia de faros políticos e ideológicos en la región, el Imperio construye la resistencia a su caída hambreando y reprimiendo a los pueblos de “su patio trasero”. Recordemos que hace varios meses que el pueblo peruano se encuentra resistiendo en las calles, pidiendo la renuncia de la presidenta de facto Dina Boluarte y de todo el Congreso, que rondan el 90% de imagen negativa. En el marco de esas protestas, que ya generaron casi un centenar de muertos, el gobierno peruano permitió la presencia de tropas de marines estadounidenses hasta diciembre de 2024 para colaborar en materia de inteligencia y seguridad. Pero ahora fueron por más: el último viernes de septiembre, el Congreso aprobó una ley que legitima el uso letal de la fuerza en casos de defensa propia por parte de las fuerzas de seguridad. A su vez, se le otorgaron a Boluarte determinadas facultades extraordinarias para legislar por decreto durante tres meses en materia de seguridad ciudadana. 

El otro bastión del imperialismo en la región no se encuentra en una mejor situación. El proceso de elecciones anticipadas convocadas por el derechista Lasso se da en un clima de violencia política nunca antes visto. Ante la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio y a su sucesor, Christian Zurita, planteándose el exilio del país por las amenazas recibidas, se le suma el atentado frustrado contra la candidata correísta Luisa González, quien ganó la primera vuelta con más de un tercio de los votos y tiene altas chances de ser la próxima presidenta electa.

Las crisis políticas y económicas no son más que la herramienta de los grandes grupos económicos y la superestructura financiera para subordinar a los pueblos y entregarlos a las garras de sus empleados de turno. Desestabilizan y ponen títeres en el gobierno a través de sus aparatos financieros, judiciales y comunicacionales. Saquean pueblos enteros, a los que reprimen y asesinan si protestan. Y, cuando no hay nada mas para hacer, abandonan a su suerte a las naciones que se encuentran arrasadas económica y socialmente y, por si no fuera poco, con sus recursos naturales vendidos por monedas y atada a los mecanismos asfixiantes del Fondo Monetario Internacional y los grupos financieros como Blackrock, Vanguard y la JP Morgan. 

Pero tal es su crisis que, incluso, sus propios organismos internacionales se les vuelven en contra de forma corriente. Dado que nuestra suerte nacional está atada al destino común del mundo y de nuestra propia región, nos pareció atinado concluir este análisis con las palabras del diplomático nicaragüense Denis Moncada en la Asamblea General de la ONU, quien denunció:

 “Las políticas agresivas, injerencistas, arbitrarias, injustas (perpetradas por el dominio de los monopolios yankis sobre el mundo) no sólo son ilegales, sino que constituyen una modalidad de guerra que desestabiliza, destruye, e impone cambios de gobiernos, a través de golpes de Estado, movilizaciones golpistas y acciones vandálicas”. 

Al mismo tiempo, exigió a las Naciones Unidas “hacer cumplir el Mandato de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en el año 1986 sentenció a Estados Unidos a reconocerle a Nicaragua, al menos en parte, los costos de la destrucción, la agresión permanente, el dolor y el sufrimiento de centenares de miles de familias durante la demencial y revanchista guerra impuesta a nuestro país y nuestro pueblo, en lo que se llamó la Contrarrevolución”.

Cada vez nos encontramos mas cerca de nuestra definitiva independencia, por la imposibilidad del capitalismo de seguir reproduciendo su sistema de explotación y, por lo tanto, por la imposibilidad política de sus dominadores de subordinar a la mayoría de la población bajo la creencia de que representan el mejor proyecto a futuro. Y como la hegemonía siempre existió y existirá, esa pérdida de hegemonía política se encuentra siendo reemplazada por otro tipo de relaciones basadas en la igualdad y en el desarrollo del planeta y de sus habitantes. Pero esa victoria, esencialmente política, solo podrá ser conseguida con la lucha de los pueblos. Y llegará el día que Estados Unidos deba reparar el enorme daño que le hizo al planeta y a la sociedad de todo el mundo en favor de garantizarle mayores beneficios a las corporaciones y a sus dueños, que viven vidas de lujos a merced del hambre del 99% de la población mundial.

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