Apuntes para entender la distribución de la tierra

Otro distrito en el que apabulla la presencia de capital foráneo es General Lamadrid, en La Rioja: 56,7 por ciento de las hectáreas. Los porcentajes más elevados son propiedad de la provincia de Salta: San Carlos y Molinos, con 59,8 y 57,7 por ciento de su territorio en manos extranjeras, respectivamente.

En Iguazú, Misiones, el porcentaje alcanza el 38,8%, mientras que en Ituzaingó, en la misma provincia, la cifra se ubica en el 33,9%. 

La provincia de Buenos Aires también resalta en el mapa de los distritos más «extranjerizados»: Campana aparece en el registro con un 50,2% de su territorio en propiedad de inversores internacionales.

¿Qué países cuentan con inversores en tierras argentinas?

Muchos de estos extranjeros están asociados con dueños locales debido a la ligazón económica en el mundo de los negocios, por ejemplo:

El Grupo Benetton (Italia), tiene 900.000 hectáreas, las cuales están administradas por la empresa “Compañía de Tierras del Sud Argentino”. De ella forman parte las estancias: Caleufu (Neuquén), Pilcaniyeu, San Pedro, Cañadón Blanco, Etido, Colonia Maitén y el intento de usucapión de Huanhué (Río Negro), El Maitén, Leleque, Fofocahuel, Firtihuín, Lepá, Esquel y usurpación de campos vecinos (Chubut) Coronel y El Cóndor (Santa Cruz). Todos éstos son negocios ganaderos, forestales y mineros.

El Grupo Walbrook (Gran Bretaña) cuenta con 600.000 hectáreas, administradas por la empresa “Nieves de Mendoza”. 

Entre sus propiedades están: Campo el Álamo, Las Juntas, Los Molles, Las Leñas, Valle Hermoso, Los Amarillos, Agua del Toro, Río Colorado (sur de Mendoza). También están la laguna Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, el centro termal Los Molles, el Centro de Ski las Leñas, la Laguna de Valle Hermoso y otros espejos de agua cordilleranos.

Por otra parte, la Familia Sapag (Argentina) es poseedora de 420.000 hectáreas, en la provincia de Neuquén. La familia Sapag gobierna Neuquén y casi todas las intendencias de esa provincia, ocupan cargos en la Legislatura Provincial y el Congreso de la Nación. Además, controlan la obra pública allí, la construcción y la minería.

Además, existen grandes terratenientes de otras regiones de Argentina que poseen propiedades menores en la Patagonia, como Eduardo Elsztain, George Soros, la Corporación Fortabat, Eduardo Eurnekian, la familia Pérez Companc, Bulgheroni, entre otros.

Vínculos interpersonales entre la oligarquía clásica y el capital transnacional

Es importante señalar los vínculos que existen entre la oligarquía local y el capital extranjero en términos de reparto de tierras y reparto de recursos estratégicos de la nación. Ambas entidades sostienen sociedades en el cuerpo accionario de empresas privadas locales en donde encontramos a varios empresarios extranjeros participando en las acciones de estas empresas. De este modo queda claro el vínculo aceitado que hay entre la oligarquía local y los capitales extranjeros.

Si hablamos de poseedores extranjeros de tierras, hay uno que de seguro resonará a todos: británico, millonario, enjuiciado mundialmente y, por supuesto, amigo de la oligarquía argentina. Joe Lewis, parte de los 500 hombres más ricos del mundo, es dueño del equipo “Tottenham Hotspur” y su fortuna ronda los u$s6.100 millones.

Lewis entró en la escena financiera gracias a comerciar divisas en la década del ’90. En este contexto y en pleno menemismo en la argentina, en 1996 Lewis compró más de 8.000 hectáreas que rodean al Lago Escondido, un reservorio de agua dulce en la provincia de Río Negro.

Estas tierras fueron adquiridas violando la legislación nacional, puesto que la ley 15.385 de “zona de seguridad de fronteras” señala que los territorios que son considerados estratégicos sólo pueden ser adquiridos por argentinos nativos.

Sin embargo, Lewis logra la adquisición mediante la familia Montero, quienes le venden sus tierras. Desde ese momento, el derecho al acceso público que garantiza la ley a este lago es impedido constantemente por la seguridad privada del magnate.

No solo la compra del terreno fue ilegal, sino que Lewis continúa yendo contra el Código Civil. El artículo 2340 señala que los ríos y lagos son de dominio público. Así como también el artículo 73 vela por la aseguración del libre acceso a las riberas de espejos de agua de dominio público: ninguna de las dos se cumple.

Además, en todo este territorio patagónico que hoy día alcanza las 12.000 hectáreas, Lewis construyó un aeropuerto privado que no es captado por los radares, la verdad se esconde delante de nuestras narices.

Con el privilegio del anonimato, Lago Escondido ha sido el lugar por excelencia de reuniones de quienes terminan marcando el rumbo de nuestro día a día. Por ejemplo, Lewis mantiene una estrecha relación con Mauricio Macri, que en más de una oportunidad ha visitado la mansión junto con jueces y funcionarios del gobierno porteño. 

Para dimensionar su influencia y poder: Macri llegó a alojarse allí con el expresidente yanqui, Barack Obama, durante una visita de Estado que realizó a Argentina en 2016. Aún más, en julio del mismo año, se modificó la Ley de Tierras y eliminó el tope de mil hectáreas que tenían los extranjeros. 

A lo largo de los años, se hicieron diversas manifestaciones en reclamo del lago escondido. La más reciente sucedió el año pasado, donde se organizó un acampe en una de las playas frente a la estancia. Los militantes reclamaban una salida por el camino público de Tacuifí, mismo camino por donde bajaron peones del magnate británico para mitigar la protesta. Cual caudillo, Lewis envía a sus trabajadores a poner el cuerpo por él.

Lewis, el botín de la justicia

El empresario británico enfrenta acusaciones legales a lo largo y a lo ancho del mundo, entre ellos, numerosos cargos por tráfico de información privilegiada. No es tan solo un empresario, es una de las cabezas del poder a nivel mundial.

En contra el histórico reclamo de soberanía que se ha sostenido a lo largo de los años, el gobierno de Javier Milei parece desconocer la esencia argentina y obra contra ella.

El polémico súper decreto de necesidad y urgencia escrito por los empleados del círculo de poder, en detrimento de sus compatriotas, y enviado por el ejecutivo para ser tratado por los legisladores, trae aparejada la lógica ambigua del nuevo orden mundial: promesas de prosperidad, empeorando los indicadores. No se avizora sino pura herrumbre en el escenario plagado de interrogantes y carente de certezas para el imaginario popular. 

La derogación de la Ley 26737 de Tierras Rurales implica el triste epílogo de una Argentina que tuvo inquilinos que fueron menguando la posibilidad de convertirla en un hogar para el pueblo, porque los intereses colectivos fueron arrasados por la histeria terrateniente, obturando así, cualquier posibilidad de ser una gran Nación.

Dicha normativa, aprobada por amplia mayoría en diciembre de 2011, contemplaba la necesidad de proteger el más estratégico de los recursos no renovables disponibles en nuestro suelo: la tierra. Y esto se debe a que su valor y riqueza fértil la convierten en presa de magnates y multimillonarios con sed de negocios de toda índole, el gobierno de Mauricio Macri permitió un atajo en 2016 a través del decreto 820 favoreciendo, fundamentalmente, a extranjeros en el sur patagónico.

Así, la legislación vigente, reducía a un 15% de posesión y un máximo de 1000 hectáreas en zona agrícola núcleo, las tierras rurales alejadas de la zona urbana, fortaleciendo en términos de soberanía un proceso que había nacido de las cenizas de la Patria rifada por la ley Dromi y que ponía sobre el tapete reclamos soberanos y regulaciones que daban origen a nuevas discusiones respecto a la explotación del suelo argentino. 

Por otra parte, la posible derogación de la ley que protege las tierras rurales ocasionará una feroz ronda de negocios entre privados, que abrirá viejas cicatrices en la memoria del Pueblo, que ya conoce las consecuencias de la extranjerización de la Argentina y cuyo derrotero sigue fresco en la línea de tiempo.

Las provincias más extranjerizadas de la Argentina

Hasta el año 2022, según el censo del gobierno de Alberto Fernández, las provincias de Salta, Misiones, San Juan, Mendoza, Catamarca y, en menor medida, Santa Cruz  (sin contar la tendencia creciente en Jujuy a partir del boom del litio) eran las que tenían mayor presencia privada entre los dueños de la tierra, es decir, la venta de tierras rurales en provincias cuyos recursos son estratégicos se acumulaba en el orden del 11% promedio, aunque la estadística es relativa, ya que no se toma en cuenta las modificaciones resolutivas del decreto 820/2016 de Mauricio Macri, que permitió un mayor volumen de operaciones, sin control estatal, homologando traspasos de grandes porciones de tierra a actores de la economía especulativa en materia de recursos naturales.

El decreto presidencial, firmado ni bien Macri asumió el mandato, eliminó una de las condiciones más importantes de Ley de Tierras, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. 

De este modo, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional. Esto implica que, si la persona jurídica dueña de una tierra le vende sus acciones a un extranjero, la tierra pasa a manos extranjeras sin conocimiento ni aval del Estado, perdiendo control también para hacer cumplir los cupos establecidos por ley. Además, se flexibilizó la prohibición de vender cuerpos de agua. Ya dejó de ser un requisito el trámite de certificación para que un profesional verifique la existencia o no de cuerpos de agua en un terreno para ser autenticado por la autoridad provincial. 

La desregulación en términos de soberanía tendría flagrantes perjuicios para la Nación, pues en principio, si se analiza el escenario geográfico, puede notarse con claridad que la mayoría de las tierras en manos de millonarios y extranjeros, se sitúan en puntos mineros, agrícolas, ganaderos y acuíferos, es decir lugares donde las ventajas son mayores a nivel recursos naturales y producción. 

Cabe aclarar que el DNU no se aprobó aún y va a tomar su tiempo hasta el 24 de enero mínimamente, pero en el mientras tanto y hasta que el Honorable Congreso de la Nación no se pronuncie al respecto, ya sea aprobándolo o rechazándolo, los canales están habilitados y las operaciones son totalmente legales. 

De este modo surge y se acelera la especulación financiera a través de arrendamientos de dudosa veracidad legal, como también la primerización productiva, que resta valor agregado, generando un retroceso en la matriz.

La única intención de los actores de poder es volver a ser “el granero del mundo” para el ingreso de inversión extranjera indirecta, elevando los costos de transporte, el precio de los alimentos y alentando el desabastecimiento de bienes y servicios, con mayor precarización laboral, apoyando al nacimiento de nuevos actores, que serán nada más que socios silenciosos e impersonales de la oligarquía vernácula.

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