Rappi, Uber y Perón

Hay discusiones que el peronismo postergó durante demasiado tiempo. Algunas por cálculo político, otras por temor a abrir tensiones internas, y otras simplemente por inercia. Pero la experiencia reciente demuestra algo evidente: todo aquello que el campo popular evita discutir a tiempo, otros lo terminan definiendo bajo sus propios términos. Y cuando eso ocurre, lo que se presenta como “modernización” suele convertirse en una agenda orientada a reducir derechos, bajar salarios, contraer el Estado y desplazar el costo del ajuste sobre los trabajadores.

La escena parlamentaria de las últimas semanas confirma este diagnóstico. Diversos bloques ya trabajan en proyectos de reforma laboral y, ante ese escenario, sectores del propio peronismo se vieron obligados a activar propuestas alternativas para no quedar rehenes de iniciativas ajenas. 

Esta reacción tardía (más defensiva que estratégica) expone la raíz del problema: la reforma laboral dejó de ser una hipótesis y se convirtió en un terreno de disputa real, que se va a resolver con o sin nosotros. La discusión está abierta y el riesgo de llegar nuevamente tarde es evidente. El movimiento que nació para dignificar al pueblo trabajador debería haber encabezado esta conversación, no aparecer ahora tratando de evitar que otros definan su alcance.

Frente a ese escenario, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede ser que el movimiento que nació para dignificar al pueblo trabajador no haya encabezado antes una discusión seria, moderna y realista sobre el futuro del trabajo en la Argentina? Evitar la conversación, con la ilusión de proteger derechos, no los fortaleció; al contrario, dejó el terreno despejado para que agendas ajenas definieran estructuras laborales que afectan a millones. No alcanza con resistir sobre la marcha ni con lamentar decisiones tomadas por otros. La política sirve cuando se anticipa, no cuando llega tarde.

Mientras tanto, el mundo del trabajo cambió de manera vertiginosa. Hoy el empleador no siempre es un patrón visible: muchas veces es un algoritmo que define tarifas, zonas y sanciones. Convivimos con asalariados, monotributistas, freelancers, cuentapropistas, trabajadores de plataformas, economía popular y empleo por horas. La estabilidad dejó de ser la regla y la fragmentación pasó a ser la norma. Millones trabajan por fuera de los convenios: carecen de derechos tradicionales, pero valoran la flexibilidad horaria, la posibilidad de combinar múltiples plataformas y la sensación de ser “sus propios jefes”. Sin embargo, esa autonomía percibida no elimina los problemas: simplemente los deja sin protección real.

El peronismo enfrenta, además, un problema de lenguaje político: sigue hablándole al sujeto trabajador del siglo XX (industrial, asalariado, formalizado) cuando ese sujeto hoy existe, sí, pero convive con muchos otros. El trabajador contemporáneo no es homogéneo. Requiere que repensemos a quién le estamos hablando y si nuestra interpelación sigue limitada al trabajador formalizado o si asumimos el desafío de representar a todos los trabajadores, en su pluralidad y complejidad real.

La política sirve cuando se anticipa, no cuando llega tarde.

“Los trabajadores de plataformas ya están reclamando. Ese reclamo es el germen del sindicalismo del siglo XXI.” Jorge Sola – CGT

Partiendo de un dato estructural (en Argentina hay entre 3,5 y 4,5 millones de trabajadores sindicalizados, apenas el 20% del total de ocupados) y teniendo en cuenta que hoy las plataformas dan lugar a 45 mil repartidores registrados, cerca del doble que COTO que es el mayor empleador privado al día de hoy, surge una pregunta inevitable: ¿Cómo se incorpora a los nuevos trabajadores de plataformas y de la economía popular dentro de los esquemas de representación sindical? La caída sostenida de la sindicalización, producto de décadas de fragmentación laboral, no solo limita el reconocimiento de derechos políticos, sindicales y laborales para millones: también debilita a la propia central. 

Un sindicalismo que no logra representar al trabajador en este siglo XXI haciendo lugar a estas formas de ganarse el mango reduce su horizonte de poder y queda confinado a ser un factor de presión, no un factor de poder. Recuperar volumen, afiliación y capilaridad a través de los trabajadores emergentes no es un gesto altruista: es una estrategia de supervivencia institucional para una central que, si no se actualiza, corre el riesgo de volverse periférica en el mundo del trabajo que realmente existe.

Un sindicalismo que no logra representar al trabajador en este siglo XXI queda confinado a ser un factor de presión, no un factor de poder.

Lo que faltó fue capacidad de transformación política, la decisión de encarar de frente un debate que incomoda pero que ya no se puede evitar.

El peronismo evitó esta discusión por miedo a ser acusado de flexibilizador, por temor a tensiones internas y por una cultura que confunde defensa de derechos con inmovilidad. Sin embargo, los vacíos estratégicos siempre se llenan. Y cuando el campo popular no impulsa reformas profundas, adultas, serias y con vocación de futuro, otros lo harán en su lugar, con prioridades que no siempre incluyen la justicia social ni el desarrollo nacional.

Por eso, el desafío no es frenar reformas: el desafío es construir una reforma laboral peronista, capaz de modernizar sin destruir derechos, ordenar sin ajustar, incluir sin precarizar. Un proyecto que combine innovación con protección, y que permita que el trabajo (en todas sus formas) vuelva a ser un espacio de autonomía, dignidad y movilidad social.

Esa agenda es posible. Supone diseñar un régimen moderno para trabajadores de plataformas donde los aportes jubilatorios, la obra social, la ART y los aportes sindicales estén embebidos en la propia aplicación. Supone poner límites a las falsas autonomías que encubren relaciones laborales dependientes. Supone actualizar convenios con flexibilidad pactada, garantizar la formación continua, reconocer la diversidad de ocupaciones emergentes y fortalecer la negociación colectiva en sectores que hoy no tienen representación. También implica pensar un sistema previsional sostenible sin castigar a quienes ya dejaron su vida en el trabajo, y un esquema de protección social que acompañe los cambios tecnológicos sin dejar a nadie afuera.

Nada de esto contradice la identidad del movimiento; al contrario, la reafirma. El peronismo siempre entendió que el trabajo no es solo un contrato, sino un hecho social, una forma de realización individual y colectiva. Si el trabajo muta, y ya mutó, el peronismo tiene la obligación de actualizar su lenguaje, su agenda y sus herramientas. No para alejarse de su origen, sino para volver a estar a la altura de él.

Otros actores ya avanzan con sus programas, muchas veces sin considerar el impacto sobre las mayorías. Por eso el campo popular no puede limitarse a reaccionar, más allá de que tenemos que estar, como hemos estado otras veces, este 18 de diciembre, en la calle en defensa de los derechos de los trabajadores. Necesita anticiparse, construir un Estado del siglo XXI, recaudar con equidad, redistribuir con justicia y diseñar políticas que partan de la realidad del presente y del futuro, no de nostalgias del pasado.

Si el trabajo muta, y ya mutó, el peronismo tiene la obligación de actualizar su lenguaje, su agenda y sus herramientas.

También vale preguntarse si las plataformas deberían exigir la inscripción al monotributo como un camino intermedio hacia la formalización. A primera vista, podría parecer una salida pragmática: permitiría ordenar mínimamente el universo tributario, dotar de identidad fiscal a cientos de miles de trabajadores y facilitar la trazabilidad. Algunos países ya lo hicieron. Pero tiene un problema estructural: puede consolidar una nueva zona gris, donde la tributación existe pero la protección laboral no. 

El monotributo como transición puede servir; como destino final, sería una falsa inclusión. El riesgo es que, bajo la apariencia de “formalidad”, terminemos legitimando la precariedad. Por eso cualquier esquema intermedio debe estar explícitamente pensado como puente hacia derechos plenos, no como sustituto de ellos.

En paralelo, el propio Estado necesita reformarse. Ninguna política de formalización sustentable puede funcionar sobre un laberinto impositivo donde registrarse exige claves, formularios, declaraciones, vencimientos y gestiones que terminan tercerizadas en contadores. Esa arquitectura burocrática desalienta justamente a quienes más necesitan simplicidad.

La automatización de la registración vía plataformas obliga al Estado a automatizarse también, a reconstruir su burocracia bajo criterios de usabilidad, no de complejidad. En un modelo donde la propia aplicación realiza el alta automática en ARCA/AFIP, resulta lógico que tanto empleadores como trabajadores sólo deban ingresar sus datos una vez. Todo lo demás debe operar de manera sistémica, silenciosa y continua.

Este mismo razonamiento se extiende al universo del comercio vía billeteras virtuales. Hoy existe una ruptura evidente entre lo que se paga por Mercado Pago, Ualá, Modo o cualquier billetera, y lo que efectivamente el contribuyente factura. Esa brecha, que después la AFIP intenta cerrar con fiscalización ex post, podría resolverse con un mecanismo simple: facturación automática embebida en la transacción, al menos para usuarios que realicen actividad comercial por encima de ciertos umbrales mensuales. Las billeteras ya tienen la información: montos, frecuencia, contrapartes. Integrar facturación, retenciones y límites por categoría permitiría transparencia instantánea, reducir la evasión y eliminar el peso burocrático que hoy recae sobre comerciantes, profesionales y cuentapropistas.

En este modelo, la participación sindical se convierte en un pilar estructural. El Estado debe convocar a los sindicatos existentes y también a los que están en vías de formalización a integrar estas mesas de trabajo tripartitas, no sólo porque representan saberes acumulados, sino porque la formalización automática permitiría resolver de inmediato el pago de las cuotas sindicales y fortalecería la afiliación. Este proceso incluso podría promover la creación de nuevas organizaciones gremiales en sectores emergentes donde hoy no existe representación. 

Para acelerar la transición digital hacia la formalidad, podrían establecerse incentivos fiscales decrecientes: cuanto antes cada plataforma incorpore a sus trabajadores al régimen laboral y de seguridad social, mayor será el beneficio. Así, Rappi, Uber, PedidosYa y otras tendrían un estímulo concreto para avanzar rápido en la registración efectiva. Un sistema de beneficios temporales, atado a metas de registración y cumplimiento, permitiría alinear intereses, reducir resistencias y garantizar que la inclusión laboral avance con mayor velocidad y previsibilidad.

Al mismo tiempo, el Estado debe asumir que las plataformas no son solo actores tecnológicos, sino socios estratégicos en la construcción del nuevo esquema laboral. Eso no implica regalar nada: debe cobrárseles todo lo que corresponda en materia impositiva y de contribuciones, e incluso revisar los beneficios que hoy reciben a través de la Ley de Economía del Conocimiento, que otorga cuantiosos incentivos fiscales sin exigir contraprestaciones claras en términos de formalización. El objetivo no es subsidiar modelos de negocio basados en la precariedad, sino integrarlos a una estrategia nacional de trabajo registrado y desarrollo productivo.

Una arquitectura de este tipo (registro automático, aportes automáticos, facturación automática) no solo ordenaría el sistema tributario y laboral: lo humanizaría, porque dejaría de depender de la buena voluntad o del miedo del contribuyente. El Estado sería un socio tecnológico de la formalización y no un obstáculo. Las plataformas serían canales de derechos y no meros intermediarios. Y los trabajadores, lejos de quedar atrapados en regímenes pensados para otra época, podrían disfrutar de la flexibilidad que valoran sin renunciar a la protección social que necesitan.

La Argentina no necesita menos Estado, ni un Estado omnipresente. Necesita un Estado cercano, eficiente y justo: un Estado que cuide, que habilite, que garantice derechos y que permita que cada argentino pueda desarrollar su proyecto de vida con libertad y dignidad.

Si el peronismo vuelve a interpelar al pueblo trabajador en todas sus formas, volverá también a ofrecerle a la Argentina un futuro para todos.