Los dueños de la Argentina: su historia y sus nombres (Parte I)
Por: Matías Cardozo
Desde Rivadavia hasta Fernández, quiénes fueron los verdaderos dueños de la tierra y de la producción. Gracias a qué leyes se financiaron y sostuvieron.
¿Te pasó alguna vez sentir un malestar continuo adentro tuyo, y que a veces se expresa en un dolor estomacal y en otros momentos te genera nauseas? Es como esa bronca que te persigue desde que madrugas viajando a tu laburo hasta la vuelta, inclusive cuando te pones auriculares y colocas música para olvidarte de todo en el viaje. Es un dolor que está ahí, inasible, pero arraigado y fuerte. Por momentos lo confundís con bronca o impotencia, pero pareciera que no le encontrás raíz.
Ese malestar es odio. Es un sentimiento más de los tantos que tiene el ser humano y a razón de las cosas que vivimos hace tiempo en la sociedad pareciera estar inherente a las personas. El odio permite explicar la situación de un grupo social en una determinada circunstancia, pero posee un grado fuerte de impulsividad, es por eso que en un primer momento sabe clarificar respecto a “que es lo que no se quiere”.
Un ejemplo notable es el “que se vayan todos” en pleno 2001. En esa ocasión el pueblo sabía que era lo que no quería. Hoy ocurre algo similar, la diferencia es que ese malestar no está canalizándose de la forma correcta. Y es que debe positivizarse para no quedar en la simple espontaneidad y encaminarse hacia una propuesta concreta, que es el elemento organizativo que carecieron históricamente los movimientos gregarios. En ese sentido, el rechazo a la política no es un rechazo a la política expreso, como se vio en la baja participación electoral que hubo en las elecciones PASO del pasado 13 de agosto. Por el contrario, es un rechazo a un tipo de política. El pueblo no acepta ni comparte la estrategia y la forma en la cual se conciben y desarrollan algunas lógicas, que al día de hoy ya no están teniendo correlato con la realidad.
El pueblo harto, cansado y enojado adhiere a lo primero que expresa una postura manifiesta que refleja su malestar. Por eso se encarna en las primeras “figuritas de peluquín” que encuentra, como está pasando hoy.
Partiendo de esta introducción, debemos entender que en este momento encontramos un vacío político que demanda síntesis. La bronca generada en nuestro pueblo surge ante la pasividad y falta de respuesta del gobierno. Y ese enojo puede llevarlos a cometer un error garrafal: elegir al verdugo. Es por eso que generar y aportar ideas al debate es la tarea fundamental en un momento clave donde los discursos, tanto de La Libertad Avanza como de Juntos por el Cambio parten de una misma idea. Vamos con algunas referencias concretas para darle pie a esta explicación.
Milei y Bullrich: las nuevas caras de “La marcha de la Bronca”
El 13 de agosto, justo después de que salieran a la luz los resultados, Milei habló desde su búnker en el Hotel Libertador ante miles de personas.
“Estamos ante el fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvidan de que alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima aberración es la justicia social, pero se olvidan de que es injusto que la paguen solo algunos”.
Meses después, en el segundo debate presidencial el 8 de octubre, Patricia Bullrich habló con un mismo tono aclarando que, entre otras cosas:
“Para avanzar hay un solo camino: hay que sacar estas mafias de la Argentina, hace 20 años que la mafia política y sindical del kirchnerismo se lleva todos a su casa. Para que la Argentina vuelva a tener campo, empresas, alquiler y casas,necesitamos que el dinero vaya a tu familia, y no a los burócratas del Estado. Que el dinero del país se concentre en la gente”.
Pese a que ambos frentes parecieran discutir entre sí, la realidad es que poseen un denominador común. Su base conceptual radica en culpar las aspiraciones de una clase trabajadora que pretende “consumir más allá de las posibilidades de la economía”, y de esta forma “imponer una nueva distribución del ingreso” ya que, en los marcos actuales con recursos escasos, no se incentiva la inversión y se le pone un límite al crecimiento generando los perjuicios que padece el país. Pareciera ser un argumento muy endeble observando el poder adquisitivo que hemos perdido durante todo este último tiempo. Sin embargo, en Juntos por el Cambio apuntan a las supuestas mafias y negocios espurios en el sindicalismo y el estado, vociferando en diversos medios que meterán preso a todo aquel que presente oposición, independientemente a cualquier hecho de corrupción habido o por haber, buscando únicamente a enfrentar a cualquiera que haga frente a este proceso que buscan implementar. En ese sentido los liberales son más directos: toda forma de empoderamiento, conquista social o cualquier derecho hablando de algo tan básico como puede ser la educación, “es una aberración de la justicia social”, en palabras expresas de Javier Milei.
Desde nuestra mirada, no se puede abordar los problemas del país con su consecuentes debacles económicos y sociales por fuera del comportamiento de los grandes empresarios. Los grupos económicos concentrados y la oligarquía son quienes definen qué, cómo y para quién se produce la riqueza y qué destino tiene que tener el excedente económico, ya que como veremos a través del informe, ellos son los verdaderos dueños del país.
Los dueños de la Argentina: quiénes son y cuáles son sus vértices
Para ello abordaremos un recorrido histórico para desglosar este debate, invitando a que cada uno saque sus propias conclusiones, haciendo foco en 3 aspectos:
- Los dueños de nuestras tierras
- Los dueños de nuestra producción
- Los dueños de nuestros recursos
1. Los dueños de nuestro suelo
En la actualidad, casi el 40% del territorio argentino es propiedad de 1200 terratenientes. Estamos hablando de aproximadamente 65.000.000 de hectáreas de la República Argentina. En concreto, es el 40% de nuestro territorio. En tanto, el otro 40% de la población de la República Argentina (cerca de 18 millones de personas de un total de 55) no tienen acceso a tierras o vivienda propia. En nuestro país, 1.877.885 de hectáreas están en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales, según explica el estudio del IEF-CTA en base a datos provistos por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR).
De ese número, el 45,4% pertenece a firmas suizas, el 34,7% a uruguayas, el 8% a sociedades de Luxemburgo, el 3,9% a panameñas, el 3,6% de Liechtenstein y el 3,4% a de Andorra.
La cantidad y la calidad del territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras fue regulada por la Ley 26.737, la cual estipula el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La normativa disponía la necesidad de hacer un relevamiento a nivel nacional, aclarando algunas cuestiones:
En primer lugar, las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Por nacionalidad, a su vez, tampoco puede superar el 30% de ese 15% (personas de un mismo país no tendría que poseer más del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país).
“Hoy existen 50 distritos en offside, que superan los límites que impone la ley”, explica el propio informe del IEF-CTA, donde explica que las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas: una es la de San Carlos, en los Valles Calchaquíes, declarada “lugar histórico nacional” (con el 58% de su territorio extranjerizado). En segundo lugar, está y el departamento de Molinos (que cuenta con el 57% de extranjerización). En el primer caso, la mayoría de estas tierras está en manos de una sociedad radicada en Uruguay, mientras que en el segundo un 47% de estadounidenses. En el ranking, siempre según los datos del RNTR, le siguen General Lamadrid (La Rioja) con el 57% de extranjerización, Lácar (Neuquén) con el 53% y Campana (Buenos Aires) con el 50,7%.
La concentración de la tierra: un problema histórico en la Argentina
El primer intento de repartición de tierras sucede en 1824, cuando Bernardino Rivadavia estableció un sistema basado en la Enfiteusis romana, por el cual una persona o compañía podía adquirir tierras públicas por un período de 20 años pagando una renta anual mínima. Las tierras fueron acaparadas por propietarios ricos. Hacia 1830, 538 individuos y sociedades llegaron a recibir 10.000.000 de hectáreas, un promedio de 18.600 cada uno. Según la ley, debían pagarse un canon sujeto a revisión periódica, el cual no se cumplió.
El fin de la ley de Enfiteusis llegó recién el 28 de mayo de 1838 en el gobierno de Rosas, quien ya en marzo de 1836 había dictado una ley agraria para la venta de tierras públicas, parte de las cuales estaban comprendidas por la ley de Enfiteusis. Sin embargo, el proceso de repartición y concentración de tierras como tal ocurre a través de la aplicación de la Ley 947 del 14 de agosto de 1878, donde se aprobó una operación de crédito para financiar la expedición de “La campaña del Desierto”. Se emitieron así títulos amortizables con las tierras a conquistar, que se negociaron en las Bolsas de Buenos Aires, Paris y Londres. De esta manera, los adquirentes de esos títulos se aseguraron el reparto de los territorios en enormes lotes. Se beneficiaron 391 personas con 8.547.817 hectáreas repartidas en La Pampa, Rio Negro y Neuquén.
Por la ley de Remate Público del 3 de diciembre de 1882, 5.473.033 hectáreas fiscales y patagónicas fueron devoradas por los especuladores. Lo mismo pasó con las 820.305 hectáreas fiscales cuya propiedad reconocerá a un escaso centenar y medio de personas la ley de derecho de posesiones. A su vez la ley de premios militares del 6 de septiembre de 1885 liberó a favor de 441 personas la cantidad de 4.679.000 hectáreas en La Pampa, Rio Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego, lo que suma 16.821.664 hectáreas de tierras fiscales transferidas al dominio privado en plazo de muy pocos años.
La Conquista del Desierto le sirvió a la oligarquía para fortalecerse como latifundistas y especuladores, incorporando a su haber increíbles extensiones de tierra que en sus manos sirvieron para frenar el desarrollo nacional. Con la conquista territorial, la oligarquía terrateniente también se fortaleció y consolidó políticamente conformando el Partido Autonomista Nacional que gobernó de forma ininterrumpida durante 36 años. El régimen oligárquico aseguró la dominación política del sector hegemónico de la clase dominante, conformado por el reducido grupo de los grandes terratenientes. De esta forma se logró conjugar el sistema político con el modelo económico para que un puñado de familias, ligada estrechamente al imperialismo inglés amasara sus fortunas, dejando fuera del proyecto a los sectores medios y a los trabajadores. En conclusión, el espacio efectivamente ocupado después de la independencia fue de alrededor de 2.000.000 hectáreas, alcanzando las 31.000.000 después de la campaña de Roca a fines de siglo.
Hasta acá vemos en datos y con el recorrido histórico como se configuró una Argentina con tierras sumamente concentradas y que hoy en día es el reflejo de la especulación inmobiliaria que hoy representa la imposibilidad al acceso a tierras por parte de la gran mayoría de la población.
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