Una deuda pendiente

La justicia fiscal es una condición necesaria para alcanzar una auténtica justicia social. Sin una estructura impositiva progresiva cualquier intento de redistribución del ingreso se vuelve poco efectivo. Y aunque los impuestos no tengan el glamour de otras propuestas políticas más marketineras, si no entendemos la relación directa entre captación de recursos y capacidad de llevar adelante políticas públicas, estaremos condenados a ser meramente declamativos: llenos de discursos bien intencionados, pero vacíos de realidades efectivas. En Argentina, esa promesa sigue pendiente.

La promesa que no llega

Los gobiernos populares han proclamado, una y otra vez, su intención de transformar el sistema tributario en un instrumento de equidad. Pero la realidad muestra que, más allá de algunas medidas coyunturales o correctivos temporales, nunca se ha llevado adelante una reforma integral y progresiva.

Entre estos ejemplos se destaca el Aporte Solidario y Extraordinario (conocido como impuesto a las grandes fortunas) que fue aplicado por única vez en 2021 a personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos (de aquel momento). También puede mencionarse la reforma del Impuesto a las Ganancias (la cual implicaba que dejaran de pagar el tributo los de la famosa cuarta categoría) impulsada en 2023 por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. 

Estas políticas, aunque bienintencionadas, no modificaron las bases estructurales del sistema tributario argentino, que se sigue apoyando en impuestos regresivos como el IVA y carece de un esquema robusto de imposición a la riqueza. La consecuencia es una matriz impositiva que castiga proporcionalmente más a quienes menos tienen, minando la confianza social en la equidad del sistema.

En esta línea, el proyecto de ley de creación del Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN) representa un ejemplo virtuoso de cómo la redistribución impositiva puede orientarse al desarrollo productivo e industrial. A través de la afectación específica con un impuesto ínfimo a los fletes de importación y exportación, el fondo busca financiar la construcción y reparación de buques en astilleros argentinos, promoviendo el empleo, la soberanía logística y la sustitución de importaciones. Y todo desde la propia actividad. Este tipo de mecanismos demuestra que una política tributaria inteligente no solo puede equilibrar desigualdades, sino también impulsar la industrialización y fortalecer las bases materiales de la justicia social.

Educando al soberano

Ante la falta de reformas estructurales, surge una pregunta necesaria: ¿qué pasaría si en lugar de insistir con la reforma desde arriba, comenzáramos desde abajo, formando una nueva conciencia ciudadana sobre el rol de los impuestos?

Inspirada en la experiencia de la Ley de Educación Ambiental Integral (Ley 27.621), proponemos pensar en una Ley de Educación Tributaria como política pública nacional, transversal a todos los niveles del sistema educativo. Su objetivo  sería promover una nueva cultura fiscal que reconozca al sistema tributario como parte del pacto democrático: un instrumento colectivo para sostener derechos y garantizar igualdad de oportunidades.

Educar tributariamente no significa enseñar a llenar formularios, sino formar conciencia crítica sobre el vínculo entre tributos, Estado y bienestar común. Significa revertir décadas de desconfianza en un país que posee 40% de su mercado laboral en la informalidad y construir una ética de la contribución solidaria, donde pagar impuestos no sea visto como una pérdida individual, sino como una inversión en el futuro colectivo.

En este sentido, una herramienta institucional que permitiría transformar esa intención en una política concreta sería una Ley Marco Nacional de Educación Tributaria la cual permitiría dotar de coherencia, estabilidad y alcance federal a una política educativa fiscal que hoy depende de iniciativas aisladas. Su mayor virtud radica en garantizar contenidos mínimos comunes en todo el país y en institucionalizar la coordinación entre ARCA, las administraciones tributarias provinciales y los ministerios de educación. Al otorgarle jerarquía legal, se asegura la continuidad más allá de los gobiernos y se refuerza el carácter democrático y solidario del sistema impositivo. 

Si bien podría demandar mayor consenso político y una implementación más gradual, sus beneficios (uniformidad, previsibilidad, y fortalecimiento del vínculo entre ciudadanía y Estado) superan ampliamente esas dificultades. En definitiva, una ley marco no solo ordenaría la educación tributaria en términos pedagógicos, sino que la convertiría en una verdadera política de Estado, base cultural de una futura reforma impositiva progresiva.

Otras experiencias:

Es cierto que, ante la propuesta de una Ley de Educación Tributaria, algunas voces sostendrán que el problema fiscal argentino no es cultural sino estructural. Se argumenta que, sin una reforma profunda del sistema impositivo y sin una fiscalización efectiva sobre los grandes evasores, toda iniciativa educativa resulta estéril. Pero esta visión plantea una falsa dicotomía. La educación y el control no son excluyentes, sino complementarios. 

Formar ciudadanía tributaria crítica y consciente no reemplaza al accionar técnico del Estado, pero sí lo fortalece, genera legitimidad social y puede reducir significativamente la evasión por convicción y no solo por coerción. En definitiva, construir una cultura fiscal democrática es parte del mismo proceso que exige mejorar el sistema, ampliarlo y hacerlo más justo.

A nivel nacional, la ex AFIP hoy ARCA ha desarrollado históricamente iniciativas de educación fiscal orientadas a escuelas y comunidades, como el programa «Educación Tributaria con AFIP va a la Escuela», que articulaba con docentes y estudiantes de todo el país para explicar el rol de los impuestos en el financiamiento del Estado. Sin embargo, la actual gestión de gobierno ha comenzado a desmantelar áreas clave del organismo, debilitando sus funciones de fiscalización y discontinuando programas pedagógicos fundamentales. Este vaciamiento no solo afecta la capacidad recaudatoria del Estado, sino también el vínculo cívico con la población y la posibilidad de formar ciudadanía con cultura tributaria.

A nivel subnacional, existen antecedentes valiosos que demuestran la viabilidad de avanzar en una política educativa fiscal. En la provincia del Chaco, por ejemplo, se sancionó la Ley 2.752-H¹ el 13 de diciembre de 2017, creando el Programa de Educación Tributaria con carácter permanente y de alcance general. Esta norma establece la incorporación de contenidos sobre la función social de los tributos, la justicia fiscal y la equidad distributiva en todos los niveles del sistema educativo provincial. La ley también prevé la articulación entre el Ministerio de Educación y la Administración Tributaria Provincial para diseñar y ejecutar los contenidos curriculares.

Este tipo de iniciativas demuestra que la construcción de una ciudadanía fiscal crítica y responsable no es un ideal abstracto, sino un camino concreto que puede y debe ser replicado a nivel nacional.

A nivel internacional, la importancia de la educación tributaria como política pública ha sido respaldada por organismos como la OCDE², que analizó más de 140 iniciativas en 59 países. El informe concluye que el 99 % de los programas evaluados contribuyeron a mejorar el cumplimiento voluntario, y que las estrategias educativas superan en efectividad a las campañas de sensibilización o asistencia práctica. Estos datos confirman que la formación ciudadana en materia fiscal no solo fortalece el vínculo con el Estado, sino que impacta directamente en la sostenibilidad de los sistemas tributarios y en la capacidad de financiar derechos sociales.

Lo que no hagamos nosotros…

Si el campo popular no impulsa reformas profundas, adultas, serias y con vocación de futuro en cada una de las dimensiones que rigen nuestra vida colectiva (educación, trabajo, justicia, seguridad, Estado, sistema fiscal, etc), lo harán otros, y lo harán bajo sus propios términos. Y lo sabemos bien: cuando lo hacen, avanzan con un supuesto programa de «modernización» que no es otra cosa que una ofensiva sistemática contra los derechos conquistados, el salario, la inversión pública y la justicia distributiva.

No alcanza con resistir (con aguante) ni con llorar sobre la leche derramada. Es hora de anticiparse, de pensar un Estado del siglo XXI, con capacidad de recaudar con equidad y de redistribuir con justicia. Construir una agenda propia no es un acto de nostalgia mirando a un pasado glorioso, sino una necesidad urgente frente al vaciamiento programado de las funciones públicas y sociales del Estado.

Una Ley de Educación Tributaria no sustituye la urgencia de una reforma impositiva progresiva, pero sí puede construir las bases culturales y políticas para que esa reforma sea posible, defendible y duradera. Puede ser el punto de partida de una nueva pedagogía fiscal, que rompa con la cultura de la evasión, y devuelva legitimidad popular al acto de contribuir.

O educamos tributariamente a nuestro pueblo o renunciamos a disputar el sentido común sobre el rol del Estado y el porqué de sus políticas públicas.

Fuentes

¹ https://www.saij.gob.ar/2752-local-chaco-programa-educacion-tributaria-lph0002752-2017-12-13/123456789-0abc-defg-257-2000hvorpyel

² https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/tax-and-development/educacion-civico-tributaria-para-fomentar-la-cultura-tributaria-el-cumplimiento-fiscal-y-la-ciudadania-aspectos-destacados.pdf