José León Suárez: donde la ley hizo a la trampa

Hay hechos que siguen interpelando a una sociedad décadas después de ocurridos. No porque hayan quedado zonas oscuras por esclarecer, sino porque lo que revelan sobre el poder, la violencia estatal y la fragilidad de las garantías jurídicas resulta demasiado incómodo para ser archivado. Los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en junio de 1956, forman parte de esa categoría.

No hace falta profundizar en la historia, que ya es conocida. Un grupo de civiles fue detenido por fuerzas de la Revolución Libertadora en el marco del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra el gobierno de facto que había derrocado a Juan Domingo Perón el año anterior. Horas después, varios de esos hombres fueron trasladados a un basural de José León Suárez y fusilados sin juicio.

Algunos murieron. Otros sobrevivieron. Y fue precisamente esa supervivencia la que convirtió una ejecución clandestina en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de la historia argentina.

Tal fue el escándalo que un jugador de ajedrez y álgido bebedor de whisky pudo, en medio de una partida en un bar under de La Plata, decirle a un cronista y escritor de cuentos policiales la frase que marcó la historia:

Hay un fusilado que vive

La profundidad del oxímoron de esa frase -¿cómo vive un fusilado?- marcó el carácter de ese joven cronista promedio, histriónico antiperonista y hermano de un marino que había bombardeado la Plaza de Mayo en junio de 1955. Rodolfo Walsh se lanzó así, desde el borde de un vaso de scotch de una acalorada noche de diciembre, a la historia viva y latente del periodismo latinoamericano.

La gravedad de los hechos no reside únicamente en el número de víctimas. Reside en la forma. En la decisión consciente de utilizar la fuerza estatal por fuera de los procedimientos legales. En la voluntad de castigar antes de juzgar. En la convicción de que la eliminación física del adversario podía reemplazar a la Justicia.

Texto y contexto

La Argentina de 1956 atravesaba una profunda fractura política. El golpe de septiembre de 1955 había puesto fin al segundo gobierno de Perón e inaugurado un proceso de persecución política contra amplios sectores del movimiento peronista. La proscripción del peronismo, la intervención de sindicatos, la censura y las detenciones configuraban un escenario de fuerte conflictividad.

En ese contexto se produjo la sublevación del general Valle durante los días 9 y 10 de junio de 1956. El levantamiento fue derrotado rápidamente. El gobierno de facto respondió con extrema dureza. Se dispusieron fusilamientos de militares y civiles acusados de participar en la rebelión. Pero la cuestión central, demostrada posteriormente por Walsh y por distintas investigaciones históricas, es que algunos de los hombres asesinados en José León Suárez fueron ejecutados antes de que entrara en vigencia el régimen legal invocado para justificar esas muertes.

Ese dato no constituye una discusión técnica ni una controversia menor entre especialistas. Constituye el corazón mismo del caso.

El principio fundamental del derecho moderno establece que nadie puede ser castigado por una norma que todavía no existe o que aún no ha entrado en vigor. Mucho menos puede ser ejecutado. Sin embargo, las reconstrucciones históricas mostraron que los detenidos fueron capturados y fusilados en un momento en que la ley marcial aún no regía para esos hechos.

La consecuencia es inevitable: aquellas ejecuciones carecían de sustento legal incluso bajo las propias reglas excepcionales que el gobierno pretendía aplicar.

Walsh comprendió rápidamente que el problema no era solamente político. Era también jurídico y moral. Su investigación no se limitó a identificar víctimas. Reconstruyó horarios, movimientos, testimonios y contradicciones. Fue desmontando una versión oficial construida para legitimar una matanza.

La potencia de Operación Masacre reside precisamente en ese método. No se trata de una denuncia abstracta. Es una acumulación rigurosa de evidencias. Walsh entrevista sobrevivientes, verifica datos, compara relatos y exhibe inconsistencias.

Lo que emerge es la imagen de un aparato estatal dispuesto a violar sus propias normas para garantizar un castigo ejemplificador. Porque el derecho siempre se escribió a espaldas de los pueblos. Hecha la ley, hecha la trampa, amigos.

Los hombres detenidos aquella noche no eran una unidad militar en combate. Tampoco se encontraban enfrentando armas contra las fuerzas que los capturaron en el momento de su arresto. Muchos estaban reunidos en una casa escuchando una pelea de boxeo por radio. Otros tenían vínculos indirectos con la conspiración. Algunos ni siquiera comprendieron completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo.

Eso no significa que fueran políticamente neutrales. Varios simpatizaban con el peronismo. Algunos incluso apoyaban la rebelión. Pero aun aceptando la versión más severa sobre su participación, ninguna de esas circunstancias habilitaba una ejecución sumaria. Simplemente porque la ley no estaba vigente.

Revolución ¿de los Restauradores?

La Revolución Libertadora se presentó a sí misma como una empresa destinada a restaurar las presuntas instituciones republicanas. Las mismas instituciones que la Patria agroexportadora levantó en 1880 para el bolsillo de las cien familias. Sin embargo, los fusilamientos de junio de 1956 constituyen una de las contradicciones más profundas de ese discurso. Resulta difícil sostener la defensa de la legalidad mientras se ejecuta a personas sin las garantías mínimas de un proceso judicial.

El episodio también revela una característica persistente de la historia argentina: la creencia de ciertos sectores en que la eliminación del adversario constituye una solución política legítima. No es cuestionamiento por la positiva o la negativa, es una realidad.

Por eso el caso excede al peronismo y excede incluso a la década de 1950. Habla de una relación problemática entre poder y ciudadanía. Habla de gobiernos que, frente al conflicto político, reemplazan a la ley por la fuerza.

Crítica y autocrítica

Con el paso de los años, José León Suárez se convirtió en símbolo. El Partido Justicialista de San Martín moviliza todos los años a más de un centenar de militantes hasta la mítica esquina de Avenida Márquez y 9 de Julio no por una construcción artificial de la memoria, sino por una necesidad y una política propia del Partido, que es facilitar las condiciones para el trasvasamiento generacional y sostener vivos en el recuerdo a los mártires del 9 de junio en las mentes de las nuevas generaciones.

Las democracias maduras no se fortalecen ocultando esos episodios. Se fortalecen estudiándolos. Revisándolos críticamente. Comprendiendo cómo fue posible que ocurrieran.

Porque no ocurrieron únicamente por decisión de la lapicera sanguinaria del tirano Pedro Eugenio Aramburu. También por el vacío y la indecisión de cuando estuvimos en el gobierno.

El General Perón expresó años más tarde desde Puerta de Hierro que su error más grande es no haber reprimido la sublevación de junio del ‘55. El propio General hizo la autocrítica en un momento de su vida respecto a la realidad argentina, de la cual él fue autor y partícipe activo durante 30 años. Un gesto de estadista. De un líder natural de todo un Pueblo y no de una pandilla política.

Quienes nos identificamos como activos políticos en nuestra tarea militante entendemos cuál es nuestra tarea: donde hay incertidumbre hay que llevar certeza. Esa es la consigna en el territorio. Y esa certeza demanda reflexión, litros de mate y cigarrillos enteros en nuestras unidades básicas. Ahora bien, ¿cómo es posible que nuestra determinación pueda ser palpable para el Pueblo ante una dirigencia que, servil al sistema, es incapaz de reflexionar sobre sus decisiones de la última década que nos trajo a esta pesadilla de color violeta?

La discusión sobre los fusilamientos no debería centrarse únicamente en el pasado. También plantea preguntas para el presente. ¿Qué límites debe tener el poder estatal? ¿Hasta dónde se le puede permitir a la ley del escritorio, históricamente antipopular, imponerse a la voluntad de la calle?

Las respuestas son fundamentales porque la historia demuestra que la erosión de las garantías jurídicas nunca comienza con las mayorías. Y quienes intentaron después de la última dictadura militar, con la restauración democrática, representar a esas mayorías, dejaron incompleta la tarea de reescribir esas normas.

Setenta años después, el episodio continúa siendo una advertencia.

Es también una historia de coraje. No solamente por la tarea de Walsh. También por quienes sobrevivieron. Porque enfrentaron persecuciones, amenazas, silencios y presiones. Sin sus testimonios, probablemente la verdad nunca habría emergido. Ni tampoco la demostración de que se puede amar una causa hasta las últimas consecuencias.

Y es una historia de compromiso político. Los hombres fusilados formaban parte de una generación que concebía la militancia y la participación pública como algo capaz de cambiar el rumbo de un país. Compartan o no todos los argentinos sus ideas, asumieron riesgos concretos en defensa de sus convicciones.

Por eso siguen ocupando un lugar singular en la memoria política argentina. No por la muerte en sí misma, sino por lo que representa. Fueron trabajadores, vecinos y militantes que quedaron atrapados en una de las expresiones más brutales de la violencia política estatal del siglo XX.

Su legado interpela al presente. No para repetir conflictos del pasado, sino para comprender que toda generación necesita referentes capaces de defender principios, asumir responsabilidades colectivas y enfrentar las injusticias de su tiempo. Con responsabilidad, ética y lectura completa.

La Argentina contemporánea no necesita héroes construidos desde el culto a la violencia. Necesita trabajadores comprometidos. Obreros de la verdad histórica, la participación y la defensa de las mayorías populares. Pero también necesita memoria. Porque los pueblos que olvidan cómo actuó el poder cuando nadie lo controlaba terminan expuestos a que la historia vuelva a repetirse.

José León Suárez permanece como una advertencia y como un símbolo. Una advertencia contra los sectores de poder. Un símbolo de quienes elegimos su legado y su historia.

Nuestra misión no es únicamente leer Operación Masacre todos los años. Es hacer la lectura crítica en cada momento y en cada lugar de la historia que ocupamos para que el sueño de la Argentina grande se vuelva palpable lo antes posible. En eso estamos.Y que cada bala de la fusiladora se vuelva un puñetazo de nuestro pueblo hacia nuestros enemigos. Hasta la toma del poder.