Dinámica colonial británica en el Atlántico Sur

Para la Argentina, llevar adelante una defensa revisionista es inevitable si el objetivo es recuperar la soberanía efectiva de las islas del Atlántico Sur mediante el aumento de los costos que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) en sostener la ocupación militar y colonial del 25 % del territorio argentino. El presente escrito tiene como meta clarificar uno de los mecanismos causales a partir de los cuales la defensa revisionista contribuye a aumentarle los costos a la potencia colonial. Este razonamiento tiene un objetivo y una presunción implícita. El primero es que el RUGB se siente a negociar con la Argentina por la soberanía de las islas del Atlántico Sur conforme a la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La segunda es que esto solo va a ocurrir si, para la potencia ocupante, los costos de no negociar superan los beneficios de mantener el status quo territorial asociado a una postura diplomática no negociadora.

Romper con la dinámica económica colonial de las Islas Malvinas

La ruptura de la dinámica económica colonial que posibilita el aislamiento artificial británico de las Islas Malvinas constituye una tarea necesaria para aumentarle los costos al RUGB. Esto es, romper con la explotación ilegal de los recursos naturales en el Atlántico Sur, que fomenta la inmigración hacia nuestras islas y posibilita mantener estable su tasa demográfica. En otras palabras, hay que dañar los intereses materiales creados alrededor de las actividades económicas ilegales de los actores que operan en nuestras Islas Malvinas. Esto se logra utilizando a la defensa nacional para elevar los niveles de conflicto en la región, con la intención de aumentar el riesgo e impedir y/o enlentecer las actividades económicas que son llevadas adelante en el territorio usurpado.

Para ello, es necesario esclarecer la dinámica política, económica, civil y poblacional de las Islas Malvinas bajo el control militar de facto del RUGB. Es fundamental tener en consideración que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son territorios que están bajo el control colonial británico y, por lo tanto, sus características políticas y económicas están asociadas a este tipo de dominación territorial. En concreto, la potencia colonial impone un régimen político y de extracción económica para controlar y explotar este territorio, que no es suyo y que está sujeto a la descolonización en el marco de las Naciones Unidas.

(i) En términos políticos, como menciona su Constitución (2008), que es ilegal, las Islas Malvinas son controladas directamente por el RUGB por medio de la elección directa de un gobernador de las islas por parte de la Corona británica (Constitución de las Islas Malvinas, 2008, art. 23). No hay democracia. El ejercicio político militar y de facto de las Islas Malvinas es autoritario. Las funciones del Gobernador están sujetas a la Constitución, las leyes “y cualesquiera otros poderes y deberes que Su Majestad tenga a bien asignarle de tiempo en tiempo” (Constitución de las Islas Malvinas, 2008, art. 23). Es decir, hay un ejercicio del poder que está sujeto a la discreción de la Corona británica. Además, es autoritario en la medida en que no hay democracia en la elección del órgano ejecutivo y tampoco hay balances y contrapesos legislativos y judiciales en el ejercicio de su poder. De hecho, el artículo 56 de la Constitución de las islas explicita que “la autoridad ejecutiva de las Islas Malvinas reside en Su Majestad” (Constitución de las Islas Malvinas, 2008, art. 56).

La Asamblea Legislativa —electa por los ciudadanos británicos que residen en las islas argentinas— no tiene ningún tipo de poder real; sus competencias quedan restringidas a aconsejar y consentir al gobernador —impuesto por la Corona— en el dictado de las leyes (Constitución de las Islas Malvinas, 2008, art. 37). De hecho, en el artículo 55 del capítulo IV Powers and Procedures of the Legislative Assembly de la Constitución, se desarrollan ampliamente todos los poderes reservados que tiene el gobernador frente a la Asamblea Legislativa. Asimismo, esta figura puede disolver el órgano legislativo en cualquier momento (Constitución de las Islas Malvinas, 2008, art. 34, inciso 1). En esta línea, no pueden calificar como elegibles a la Asamblea Legislativa aquellos ciudadanos que “se encuentran, en virtud de sus propios actos, bajo cualquier reconocimiento de lealtad, obediencia o adhesión a una potencia o Estado extranjero” (Constitución de las Islas Malvinas, 2008, art. 29, inciso 1a). Además, es la Corte Suprema de las islas la que “tendrá jurisdicción para conocer y resolver cualquier cuestión referente a si (a) alguna persona ha sido válidamente elegida como miembro de la Asamblea Legislativa (…)” (Constitución de las Islas Malvinas, 2008, art. 36, inciso 1a). Otro aspecto notable es que el juez que compone la Corte Suprema, el presidente del Tribunal de Apelaciones y los jueces de apelaciones “deben ser nombrados por el Gobernador de conformidad con las instrucciones impartidas por Su Majestad a través de un Secretario de Estado” (Constitución de las Islas Malvinas, 200, art. 88, inciso 1). Es decir, todo el régimen político está controlado por la Corona británica, como en cualquier sistema de dominación colonial. 

En materia de defensa nacional, en sintonía con todos los sistemas de dominación colonial, el gobernador de las islas no tiene ningún tipo de poder de decisión, esta materia queda completamente sujeta al comandante de las Fuerzas Británicas (Constitución de las Islas Malvinas, 2008, art. 25), que, a su vez, es electo y depende de las directivas políticas dictadas desde Londres. 

(ii) En términos civiles, una cuestión absolutamente central es que, en el capítulo II de la Constitución (2008), se indica que la protección de derechos civiles fundamentales, como la libertad de movimiento, la protección de la propiedad privada, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y de asociación, no pueden ir en contra de los intereses vinculados a la defensa nacional. Es decir, la razonabilidad de estos derechos civiles queda sujeta a su no interferencia con la defensa nacional del territorio controlado colonialmente. En la práctica, la Corona tiene la potestad de decidir el cumplimiento de estos derechos civiles en función de la perpetuidad del sistema de dominación colonial vigente en las islas del Atlántico Sur. 

Esto implica que el RUGB, mediante las autoridades coloniales que le responden directamente, se reserva el derecho de habilitar permisos de residencia, otorgar créditos para comprar viviendas, habilitar migrantes para trabajar en las islas, permitir la apertura de nuevos negocios o la radicación de actores económicos nuevos, entre otras cuestiones económicas, civiles y políticas básicas para la vida en sociedad. Por este motivo, a un argentino nunca se le va a dar alguno de estos derechos en las Islas Malvinas mientras haya un dominio colonial del territorio.

(iii) En materia económica, este régimen de dominación colonial es fundamental para que la Corona pueda mantener el control político de todas las actividades que se desarrollan de forma ilegal en las Islas Malvinas. Es decir, el RUGB controla todos los aspectos de la economía del territorio usurpado. En primer lugar, mediante la fuerte vinculación del Estado británico con el conglomerado privado de la Falkland Islands Company, que tiene participación en todas las principales actividades económicas de las Islas Malvinas [5]. En concreto, tienen injerencia en el negocio del ganado ovino, el turismo, la pesca y las actividades de exploración hidrocarburífera. Además, dadas las directas vinculaciones políticas con Londres, junto con los beneficios materiales posibilitados por la dominación colonial del territorio [6], este grupo de presión históricamente ha obturado cualquier negociación diplomática por la soberanía de las islas entre la Argentina y el RUGB en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas. En segundo lugar, a partir de dejar operar solamente a Standard Chartered, el único banco que tiene la habilitación para operar dentro de las Islas Malvinas y, de esta forma, controlar todos los aspectos financieros del territorio dominado colonialmente.

(iv) En materia poblacional, según el último censo del 2021, de los 3662 residentes de las Islas Malvinas (a los que se les suman aproximadamente 1500 militares, lo que transforma las Islas Malvinas en el lugar más militarizado del mundo), 2089 son ciudadanos británicos de ultramar y/o ciudadanos británicos. Por su parte, 1291 son inmigrantes y tienen algún tipo de permiso para quedarse en las islas. De ese número, 331 tienen un permiso permanente de residencia, mientras que 770 solo tienen un permiso de trabajo. El resto tiene otro tipo de permisos. 

La clave de la dimensión poblacional es que las actividades económicas permiten mantener estable la tasa demográfica de las islas a través de los incentivos que tienen los migrantes para solicitar permisos de trabajo y, eventualmente, de residencia permanente. Asimismo, la migración hacia las islas se enmarca en un proyecto de vida más amplio de cada migrante que llega allí, generalmente, desde un país periférico (según los censos realizados por la potencia colonial). Específicamente, los individuos que migran hacia las Islas Malvinas pretenden, luego de obtener un permiso de trabajo, obtener la residencia permanente. Luego, al tener hijos, su condición de residentes permanentes le da el derecho a su descendencia de ser ciudadanos británicos de ultramar. Por consiguiente, luego de terminar el secundario, los hijos de los migrantes nacidos en las islas tienen la posibilidad de continuar sus estudios en el RUGB, lo que abre una ventana de oportunidad para que toda la familia pueda trasladarse a las islas británicas. En concreto, migrar a las Islas Malvinas es visto como una posibilidad familiar para ir a Europa: una generación (los migrantes) se sacrifican por la siguiente (sus hijos, que nacen con el derecho a la ciudadanía).

En definitiva, dado el dominio colonial que ejerce el RUGB sobre las islas del Atlántico Sur y el desmedido usufructo económico que logra a partir del mantenimiento del statu quo en la región, la defensa revisionista debe estar orientada a dañar los intereses materiales creados alrededor de las actividades económicas ilegales de los actores que operan en nuestras Islas Malvinas. En otras palabras, hay que romper la dinámica económica no militar que posibilita el aislamiento artificial británico de las islas. Como fue mencionado, esto se logra utilizando a la defensa nacional para elevar los niveles de conflicto en la región, con la intención de aumentar el riesgo e impedir y/o enlentecer las actividades económicas que son llevadas adelante en el territorio usurpado.

Esta orientación revisionista tiene tres efectos materiales concretos. En primer lugar, impacta directamente en los intereses económicos de la Falkland Islands Company, debilitando sus ganancias y dañando su poder de lobby. En segundo lugar, incide negativamente en la dinámica migratoria, que actualmente estabiliza la tasa demográfica de las islas y contribuye a su desarrollo económico. En tercer lugar, en el peor de los casos, disminuye los beneficios materiales que la Corona obtiene de su dominación colonial de las islas. Asimismo, en el mejor de los casos, hace que la Corona deba invertir recursos materiales, además de lo destinado a la dimensión militar, para sostener su presencia colonial en las islas.

Defensa revisionista y sus acciones materiales

La defensa revisionista constituye la piedra angular de cualquier estrategia que busque aumentar el riesgo político de las actividades económicas que financian y contribuyen fuertemente a sostener la dominación colonial británica. Esto es así por dos motivos. (i) Por un lado, la política de defensa es el área de gobierno con mayor capacidad de daño material a cualquier actividad humana, ya sea económica o militar. (ii) Por el otro, la defensa es una herramienta central para que un Estado pueda dar señales de disconformidad frente a cualquier hecho que afecta sus intereses. 

Esta orientación tiene como objetivo aumentar la gravitación geopolítica de la Argentina en el Atlántico Sur y elevarle los costos de ocupación colonial y militar al RUGB. Por consiguiente, las acciones que la componen deben estar incluidas en el diseño y organización de su instrumento militar:

(1) Se debe fortalecer la posición geopolítica de la Argentina en el Atlántico Sur. Esto implica orientar los medios materiales, la infraestructura, los recursos humanos, la inteligencia, la logística, el adiestramiento, la doctrina y la organización hacia el sur. También implica darle prioridad a la Armada, ya que el territorio dominado por el RUGB se destaca por ser un escenario aeronaval. Con esto, la Argentina debe buscar tener supremacía en el Atlántico Sur. Per se, esto le aumentaría sideralmente los costos al RUGB, dado que mostraríamos capacidad de daño y, en esencia, voluntad de disputa.

(1a) Se debe destinar mínimo el 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) a la política de defensa nacional (el país debería desarrollar plenamente todo su potencial en materia de crecimiento económico, para tener cada año un PBI mayor). Al año 2026, con un PBI de 700.000.000.000 (muy poco para un país como Argentina), esto representaría 17.500.000.000 millones de dólares anuales para el sistema de defensa. Con este nivel de recursos públicos disponibles, el país podría incorporar sistemas de armas modernos, adiestrar adecuadamente a las Fuerzas Armadas y alistar los medios para consolidar y sostener la supremacía militar en el Atlántico Sur. Además, este nivel de inversión colocaría a la Argentina dentro de los 25 países que invierten en defensa, dándose la particularidad que el país tendría la posibilidad de colocar el 90% de la atención política del presupuesto en dicho escenario.

Si queremos recuperar Malvinas, no tenemos que entrar en un dilema de seguridad o una carrera armamentista con el RUGB. Debemos tener directamente supremacía militar en el Atlántico Sur y eso requiere determinación y recursos.

(2) La supremacía militar argentina debe ser capaz de demostrarle al mundo que sus Fuerzas Armadas están mejor adiestradas, alistadas y equipadas para sostener operaciones militares en el Atlántico Sur. Se debe dejar en claro que la Argentina está mejor posicionada para realizar acciones de patrullaje, vigilancia, control. Esto implica sobrepasarlos en la capacidad operacional requerida para mantener estable dicho escenario geoestratégico. 

(2a) Se deben realizar ejercicios militares y acciones permanentes y rutinarias de patrullaje, vigilancia, reconocimiento, control.

(2b) Se deben intensificar los ejercicios militares y las acciones permanentes y rutinarias de patrullaje, vigilancia, reconocimiento y control en aquellas zonas del Atlántico Sur en donde operan o pueden operar actores privados en violación con la Resolución 31/49 de la AGNU. Debe recordarse que estas zonas están bajo disputa y el RUGB se autoadjudica la potestad de explotarlas económicamente. La intensificación de la presencia en esta zona demuestra capacidad material y voluntad de disputa. Esto es una señal política clara no solo al RUGB, sino especialmente a los actores privados (les eleva el riesgo político).

(3) Se debe acompañar y defender con cobertura militar simbólica a todas las actividades económicas que se desarrollan en la argentina continental con el objetivo de competirle a la economía colonial de las islas. 

(4) (a) Se debe realizar una escolta de vigilancia (shadowing) con unidades de superficie, aeronaves y medios de guerra electrónica a todo aquel buque del RUGB que realice un paso inocente o en tránsito por jurisdicción argentina (o que salga de un puerto sudamericano por más que no transite por jurisdicción argentina) con destino a las Islas Malvinas argentinas. (b) Se debe realizar una muestra de presencia (show the presence) con aeronaves militares a toda aquella aeronave del RUGB que parta de un aeropuerto sudamericano y tenga como destino las Islas Malvinas. Ambas acciones son una señal tanto para el RUGB como para nuestros países aliados del Cono Sur.

(5) Se debe mantener una posición de repliegue y prudencia frente a los Estados Unidos de América (EUA), con señales diplomáticas, militares y políticas claras que indiquen, sin ambigüedad, que la Argentina busca hacerse cargo de la estabilidad en el Atlántico Sur desde una perspectiva hemisférica. Esto implica marcar que la presencia del RUGB para la Argentina es inaceptable. Dicho de otro modo, las señales hacia los EUA deben dejar en claro que el rearme y las acciones militares, políticas, diplomáticas y económicas pretenden colocar a la Argentina como un actor que reemplace a la potencia colonial en el rol que tiene frente a los intereses estadounidenses en la región. Esto es, mantener la estabilidad y la presencia amiga (capacidad logística operativa militar) en el Atlántico Sur.

Para lograr la transmisión de estas señales, la Argentina debe instrumentar sus vínculos con los países de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Esto implica evidenciar frente a los EUA tanto el apoyo unánime de los países ribereños a la Argentina como el nulo reconocimiento del RUGB como actor legítimo en la región. Esto aportaría a consolidar la imagen del país como la de un Estado cuyo rol comprometido con la estabilidad es reconocido por todos los actores políticos con incidencia en el escenario geoestratégico.

Defensa revisionista y su política internacional

Cualquier ruptura del aislamiento artificial debe ser política desde el primer momento. Es decir, debe comenzar con la discusión sobre la soberanía y el ordenamiento político de las islas del Atlántico Sur entre la Argentina y el RUGB. Esto supone iniciar una dinámica que permita establecer un vínculo de cooperación asimétrico entre el archipiélago y el territorio continental favorable a la Argentina. Es decir, no un vínculo en donde solo haya contacto para favorecer las actividades económicas y militares de las islas, sino un tipo de relacionamiento en donde nuestro país pueda aumentar su peso y presencia material en las Islas Malvinas y en las vidas de sus habitantes.

En concreto, para este objetivo, la política internacional debe tener dos premisas. (i) Evitar, bajo todo punto de vista, cooperar económicamente y sin incluir la dimensión política con la potencia colonial. Esto es así porque cualquier esquema de ese estilo facilita el dominio colonial británico. Dicho claramente, todo acuerdo de cooperación exclusivamente económica con el RUGB que no le permita a la Argentina romper con el esquema de dominación política del territorio colonial es funcional a la potencia y perjudicial para nuestro país. Es ventajoso para el RUGB porque facilita el desarrollo económico de las islas, al mismo tiempo que deja fuera políticamente a la Argentina de las islas. Es pernicioso para nuestro país por lo mismo: facilita el dominio colonial británico y nos deja políticamente fuera de las Islas Malvinas. (ii) Llevar adelante acciones que restringen, entorpecen y enlentecen el desarrollo económico de las islas.

Con respecto al primer punto, de lo mencionado se desprende que, si la Argentina no puede meterse políticamente en la vida de las islas y sus habitantes, cualquier acuerdo económico está condenado a beneficiar a los británicos y dañar la posición de nuestro país. Esto pasó con el Acuerdo de Comunicaciones de 1971 y con los Acuerdos de Madrid I y II, de 1989 y 1990 (que deben ser derogados en lo que respecta a la construcción de confianza mutua en la esfera militar y entendimientos de explotación pesquera). El mismo espíritu pernicioso tuvo la Declaración Conjunta Foradori-Duncan del 2016 y el Acuerdo Mondino-Lammy del 2024 en materia de comunicación de las islas con el continente, entendimientos de explotación pesquera y cooperación antártica.

El Acuerdo de Comunicaciones de 1971 fue una enorme contribución que la Argentina le realizó a los isleños, que vieron todos los aspectos de su vida cotidiana mejorados. Específicamente, en lo referido a la calefacción (hasta ese momento, era con turba), el suministro de productos frescos, la educación, el combustible y la atención en salud. Además, gran parte de estas mejoras se dieron en el marco de la apertura de líneas aéreas entre las islas y el continente gracias a LADE y el accionar de YPF y Gas del Estado: todo poder nacional de la Argentina. A pesar de estas mejoras y el incremento de los vínculos económicos, sociales y culturales, las negociaciones diplomáticas entre la Argentina y el RUGB por la soberanía de las Islas Malvinas estuvieron estancadas ―a causa de los isleños como factor de veto en la negociación, sumado a la estrategia dilatoria de los diplomáticos británicos― hasta la recuperación militar de las islas, el 2 de abril de 1982. 

Hay que ser sumamente claros, la recuperación militar de las islas no interrumpió un proceso exitoso de vinculación entre las islas y el continente. La recuperación militar se da justamente porque ese proceso fue un fracaso. A los isleños se les dio todo para mejorar su estilo de vida y lograr el desarrollo de las islas y, aun así, después de 10 años, seguían manteniendo una posición política de veto a las negociaciones diplomáticas entre la Argentina y el RUGB. Esta posición política, aunque no tenía —ni tiene— sustento legal, en la medida en que los isleños no son un pueblo sujeto de derecho internacional, fue capitalizada por los británicos para dilatar y estancar las negociaciones. 

Los Acuerdos de Madrid I y II, además de recomponer las relaciones consulares y diplomáticas luego de la guerra, sirvieron para acordar entendimientos sobre la conservación de recursos pesqueros y generar mecanismos de confianza mutua en el Atlántico Sur. Ambos puntos fueron ampliamente beneficiosos para el RUGB y sumamente perniciosos para la Argentina. Por un lado, los británicos negociaron la conservación de recursos pesqueros para luego ampliar unilateralmente el área de pesca y comenzar a vender licencias ilegales. Por el otro, se garantizaron mecanismos de confianza que ratificaron la voluntad de desarme de la Argentina junto con la garantía de que iban a poder mantener su dominio colonial en el Atlántico Sur con el costo militar más bajo posible. 

Los comunicados conjuntos Foradori-Duncan del 2016 y Mondino-Lammy del 2024 buscaron, en esencia, “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. Palabras similares fueron utilizadas en el comunicado Mondino-Lammy, en donde se remarcó la “necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad (…), incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba”.

En definitiva, esto es lo que no se debe hacer. Hay que evitar, bajo todo punto de vista, cooperar económicamente con la potencia colonial sin incluir la dimensión política. Hay que aprender de los grandes errores del Acuerdo de Comunicaciones de 1971, denunciar las partes de los Acuerdos de Madrid I y II que competen a la conservación pesquera y medidas de confianza mutua y, por último, desarticular los comunicados conjuntos del 2016 y 2024.

Ahora bien, más allá de lo que no debe hacerse, lo que sí hay que hacer es impulsar acciones que restrinjan, entorpezcan y enlentezcan el desarrollo económico de las islas. Por ejemplo, la Argentina debe destinar esfuerzos a condenar el vínculo comercial de los principales socios de la administración colonial británica, especialmente España y los países del Cono Sur. Esto implica generar incentivos blandos y materiales para que corten cualquier tipo de cooperación económica, civil, turística y/o política con la administración colonial de las islas.

Asimismo, el país debe vender licencias de pesca en el Atlántico Sur y competirle al dominio colonial británico. En términos amplios, se debe invertir fuertemente en infraestructura para generar condiciones materiales en la Patagonia que permitan el establecimiento y crecimiento de todas aquellas actividades económicas que le compitan al RUGB, como la pesca, el turismo, las granjas de salmones, la explotación de hidrocarburos, etc. Este debe ser el resorte económico y civil del fortalecimiento de la posición geopolítica en el Atlántico Sur de la Argentina. En esta línea, también se deben prohibir y multar a todas aquellas figuras legales que operen económicamente en las Islas Malvinas y quieran operar en la Argentina y/o bajo asociación con alguna empresa nacional. Las implicancias de esto son importantes, dado que, bajo esta lógica, no se puede debatir el desarrollo económico de la Patagonia sin debatir cómo este coadyuva al objetivo de recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

En definitiva, el objetivo de la política internacional de la Argentina frente a las islas del Atlántico Sur debe ser el de romper con el aislamiento artificial británico. Esa ruptura, que implica el establecimiento de vínculos con las islas, debe ser necesariamente política y dar lugar a una negociación por la soberanía que vaya aumentando progresivamente el peso político y la presencia material de la Argentina en las Islas Malvinas y en las vidas de sus habitantes.