Un Estatuto para la Nueva Argentina

El periodismo hecho tarea, una profesión capaz de ordenar datos e ideas en un producto informativo, fue una construcción. Adecuada a los tiempos, claro, porque los intereses alrededor de la información no son los mismos de siempre. Antes la información era un bien, mientras que en las últimas décadas se volvió mercancía.

Durante siglos, quienes informaban eran cronistas, escribas, impresores, comerciantes o dirigentes políticos que escribían de manera ocasional. La información existía mucho antes que el periodista. Lo que no existía era una comunidad profesional dedicada de manera exclusiva a buscar, verificar y difundir hechos de interés público.

Los primeros periódicos aparecieron en Europa a comienzos del siglo XVII, impulsados por el desarrollo de la imprenta y la expansión del comercio. Sin embargo, como sostiene el sociólogo yanqui Jean K. Chalaby, todavía no podía hablarse de «periodismo» en el sentido moderno. Aquellas publicaciones lo que menos tenían era una identidad profesional de reglas compartidas y de trabajadores cuyo sustento dependiera exclusivamente de producir noticias.

La verdadera profesionalización llegó durante el siglo XIX. La Revolución Industrial, el crecimiento de las ciudades, la alfabetización masiva, el telégrafo y el surgimiento de empresas periodísticas transformaron la circulación de los datos. En ese contexto apareció una figura nueva: el reportero asalariado. Su trabajo ya no consistía en reproducir documentos oficiales o escribir panfletos políticos, sino en recorrer tribunales, entrevistar testigos, cubrir conflictos, investigar hechos y construir noticias mediante procedimientos propios.

El también norteamericano profesor de periodismo Michael Schudson sostiene que en ese proceso, el periodismo dejó de ser una actividad ocasional para convertirse en una institución social. Con ello nacieron las redacciones, las rutinas de verificación, la división del trabajo periodístico y, progresivamente, principios como la independencia editorial, la contrastación de fuentes y la responsabilidad frente al público.

En Argentina, el recorrido tuvo características similares. Los grandes protagonistas de la prensa del siglo XIX —Mariano Moreno, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi o Bartolomé Mitre— fueron periodistas, pero también abogados, militares, intelectuales y dirigentes políticos. El periodismo era parte de su acción pública, no una profesión diferenciada.

La consolidación llegó recién entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando diarios como La Nación, La Prensa y posteriormente Crítica se instalaron con redacciones permanentes y comenzaron a contratar periodistas especializados. Como señaló más de una vez la historiadora argentina Sylvia Saítta, fue en ese momento cuando el periodista empezó a ser reconocido como un trabajador cuya tarea requería conocimientos específicos y una dedicación exclusiva.

Toda profesión alcanza un grado de madurez cuando la sociedad reconoce que la actividad que desarrolla posee un valor propio. Ese reconocimiento suele expresarse de distintas maneras: formación específica, asociaciones profesionales, códigos éticos y, finalmente, legislación.

En Argentina, ese proceso encontró uno de sus hitos con el Estatuto del Periodista Profesional, que le otorgó un marco jurídico a la actividad. Pero no se trató únicamente de regular una relación laboral. También implicó reconocer que la producción de información constituye una función de interés público y que quienes la desarrollan requieren condiciones que garanticen independencia, estabilidad y libertad para ejercer su tarea.

Mi general, cuánto valés

La profesionalización del periodismo en la Argentina encontró uno de sus hitos fundamentales el 25 de marzo de 1944, cuando el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto-Ley 7.618, conocido como el primer Estatuto del Periodista Profesional. La norma fue impulsada durante el gobierno surgido de la Revolución del ’43, con Juan Domingo Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Dos años más tarde, el 18 de diciembre de 1946, el Congreso Nacional ratificó este decreto mediante la Ley 12.908, otorgándole fuerza de ley y consolidando un régimen jurídico específico para quienes ejercían el periodismo como profesión.

La sanción del Estatuto representó mucho más que una regulación laboral. Por primera vez, el Estado argentino reconoció que el periodismo constituía una actividad profesional diferenciada, con características propias y fundamentalmente una función social que justificaba un tratamiento legal específico. Hasta ese momento, la mayoría de los periodistas eran considerados simplemente empleados de empresas periodísticas o intelectuales vinculados a la política, sin un marco normativo que contemplara las particularidades del trabajo.

Y no fue solo eso. El Estatuto también creó la Matrícula Nacional de Periodistas -hoy todavía vigente-, que es administrada por la autoridad laboral, y dispuso que la inscripción fuera obligatoria para quienes estuvieran comprendidos por la ley. Además de organizar el registro profesional, el organismo debía intervenir en conflictos laborales, controlar el cumplimiento de las condiciones de trabajo y administrar una bolsa de empleo destinada a coordinar la oferta y la demanda de trabajo periodístico.

Entre sus disposiciones más innovadoras sobresale el artículo 5, que vinculó explícitamente el ejercicio profesional con la libertad de expresión. Allí se estableció que: «La libertad de prensa y la libertad de pensamiento son derechos inalienables», agregando que el carnet profesional no podía ser negado, retirado o cancelado «como consecuencia de las opiniones expresadas por el periodista». La incorporación de esta garantía convirtió al Estatuto no solo en una norma laboral, sino también en una declaración de principios sobre el ejercicio de la profesión.

A casi 80 años de su promulgación es importante hacer algunos balances. La Ley 12.908 fue concebida en un contexto en el que el ejercicio de la profesión se desarrollaba casi exclusivamente en diarios, revistas y agencias de noticias, con periodistas asalariados que trabajaban en redacciones físicas y bajo esquemas laborales tradicionales. Ocho décadas después, el ecosistema informativo cambió de manera radical y muchas de las nuevas formas de ejercer el periodismo quedaron fuera de ese marco legal.

Uno de los principales límites del Estatuto es que continúa definiendo al periodista a partir del medio en el que trabaja y no de la función que desempeña. La norma no contempla el crecimiento de los medios digitales, las plataformas de streaming, los podcasts, los newsletters, el periodismo de datos o los proyectos informativos desarrollados exclusivamente en internet. Porque la transformación del mercado laboral también dejó expuestas importantes lagunas normativas.

Mientras que el Estatuto fue pensado para trabajadores en relación de dependencia, una parte creciente del periodismo se ejerce actualmente bajo modalidades independientes, como el trabajo freelance, el monotributo, las cooperativas o los emprendimientos de comunicación financiados mediante suscripciones. Estas formas de organización, cada vez más frecuentes e igual de valiosas que las tradicionales, carecen de un reconocimiento específico dentro de una legislación diseñada para otro escenario productivo.

A ello se suman desafíos completamente nuevos que en 1946 eran inimaginables. El trabajo remoto, la disponibilidad permanente a través de teléfonos celulares y plataformas digitales, el derecho a la desconexión, la protección frente al hostigamiento en redes sociales o la seguridad de las fuentes en entornos digitales son problemáticas que hoy atraviesan el trabajo cotidiano. La irrupción de la inteligencia artificial agrega además interrogantes sobre la autoría, la transparencia en el uso de herramientas automatizadas y la responsabilidad editorial frente a contenidos generados o asistidos por algoritmos.

Por esta cuestión, actualizar el Estatuto no implica abandonar el principio que inspiró su creación. Por el contrario, supone reafirmarlo. Así como en 1944 el peronismo entendió que el periodismo merecía un reconocimiento jurídico por la función social que desempeñaba, hoy ese reconocimiento debe extenderse a las nuevas formas de producir información. Modernizar la legislación significa garantizar que una profesión esencial para la democracia social cuente con un marco legal que dé respuesta a los desafíos tecnológicos, laborales y éticos de nuestro tiempo.

Contrahegemonía

Actualizar el Estatuto del Periodista no implica únicamente mejorar las condiciones laborales de quienes ejercen la profesión. La discusión es mucho más profunda: se trata de definir si la Argentina considera que producir información de interés público sigue siendo un trabajo que merece reconocimiento y protección. Porque allí donde desaparecen los periodistas profesionales también comienzan a desaparecer las condiciones materiales para que existan nuevos medios capaces de disputar el sentido común.

No hay periodismo sin periodistas. Y no hay periodistas cuando investigar, verificar datos, recorrer un conflicto o sostener una cobertura deja de ser un trabajo remunerado para convertirse en una actividad voluntaria o un pasatiempo. La profesionalización del siglo XIX y el Estatuto de 1944 partían justamente de esa premisa: la democracia necesitaba trabajadores cuya tarea consistiera en producir información. Hoy el desafío vuelve a ser el mismo, aunque bajo otras formas.

Por eso el debate sobre la legislación no puede separarse del debate sobre la concentración mediática. Es cierto que la Argentina tiene grupos de comunicación con una enorme capacidad para instalar agendas y construir sentido. Pero el problema no es únicamente la existencia de esos actores; también es la progresiva desaparición de las condiciones que permiten que aparezcan otros. Sin periodistas protegidos, sin salarios dignos y sin reglas adaptadas al siglo XXI, resulta muy difícil que nazcan proyectos periodísticos con vocación de permanencia capaces de ofrecer miradas diferentes.

El problema no es que existan medios hegemónicos. El problema es otro, es su sentido, que es liberal. El problema no es la existencia de la hegemonía, sino el sentido de su hegemonía. Para ser claros y polémicos: a mí no me molesta que Héctor Magnetto sea el dueño de Clarín. A mí me molesta que Héctor Magnetto haga lo que hace con Clarín. Que semejante maquinaria comunicacional esté dispuesta al servicio de los intereses de un individuo, cuyos intereses son funcionales a los de la Embajada de Washington y están antepuestos a los intereses de la Argentina, es lo que como periodista y militante político me molesta que suceda.

Durante la llamada década ganada existió un intento de construir esa contrahegemonía comunicacional. Muchas unidades básicas mutaron primero en centros culturales y luego en pequeñas experiencias periodísticas cooperativas. Donde al principio había un garage con cinco vecinos con el propósito inicial de querer hacer política en su barrio, se convirtió en una pequeña redacción Nac and Pop para contrarrestar a la hegemonía del Cuco periodístico de nombre Héctor y de apellido Magnetto.

En numerosos barrios aparecieron redacciones improvisadas, radios comunitarias, portales digitales y medios locales impulsados por militantes y trabajadores de prensa. Algunos sobrevivieron; muchos otros desaparecieron. Porque no alcanzaba con la voluntad política: sostener un medio requiere recursos, estabilidad y periodistas que puedan vivir de su trabajo.

Los proyectos que lograron perdurar encontraron en las redes sociales una nueva plataforma de difusión. Sin embargo, la mayoría enfrenta hoy un problema diferente: la precarización del trabajo periodístico. El algoritmo reemplazó buena parte de la lógica editorial, la monetización es cada vez más incierta y la competencia por la atención favorece la velocidad antes que la calidad. En ese escenario, el riesgo no es solamente económico. También es democrático: cuando desaparecen las condiciones para ejercer profesionalmente el periodismo, disminuye la capacidad social de producir información rigurosa y pensamiento crítico.

El periodismo fue una construcción histórica. No nació solo ni se sostuvo únicamente por la vocación de quienes lo ejercieron. Existieron empresas, trabajadores organizados y un Estado que entendió que producir información constituía una actividad de interés público. Si hace ochenta años fue necesario un Estatuto para consolidar esa profesión, hoy resulta igual de necesario actualizarlo. Y no para preservar un privilegio corporativo ni para restringir quién puede expresarse, sino para garantizar que siga habiendo periodistas que puedan vivir de informar y medios capaces de disputar ideas.

Porque una sociedad sin trabajadores dedicados profesionalmente a explicar la realidad difícilmente pueda construir un pensamiento crítico propio. Y una democracia, social como la que se propone el peronismo, sin pensamiento crítico termina aceptando como natural la voz de quienes ya concentran el poder de comunicar.

Apoyar la actualización del estatuto no es solamente un acto de solidaridad con los trabajadores del sector. Es una responsabilidad que debe ser contemplada en el proyecto de país que queremos como militantes justicialistas. Lo hizo Perón en el ‘46 y lo tenemos que hacer nosotros en este siglo. Y lo vamos a hacer.