De prestados en nuestra propia casa

La brújula en nuestro país está tan rota que acceder a la casa propia se convirtió en una utopía inalcanzable, vivir con servicios e infraestructura básica parece un privilegio y llegar a fin de mes para pagar el alquiler implica agradecerle a Dios y a todos los santos.

¿Cómo se explica esto en una Argentina donde la tierra abunda, existen más de dos millones de viviendas desocupadas y sobran los recursos y las herramientas para integrar de una vez todas las villas y asentamientos?

Hoy nos enfrentamos a un escenario desolador, en el que cerca de diez millones de hogares argentinos padecen algún tipo de déficit habitacional. El problema, a estas alturas, es más que estructural: refleja la consolidación de un país donde el mercado inmobiliario construye casi con exclusividad para que una porción mínima de la sociedad dolarice ahorros o especule, mientras el resto nos las arreglamos y nos amontonamos como podemos en un monoambiente, en la casa de nuestros viejos o comiendo el gran error de construir en el terreno del suegro.

Pero esta historia no arrancó ayer. A principios del siglo XX, Buenos Aires se desbordaba por la ola inmigratoria y la única respuesta que ofreció el mercado fue el conventillo: piezas muy pequeñas, baños compartidos y alquileres que se comían el sueldo entero de un obrero. La cuerda se tensó tanto que en 1907 estalló la huelga de inquilinos, conocida popularmente como la “Huelga de las escobas”. Fueron las propias mujeres de esos conventillos, escoba en mano en las calles, las primeras en advertir que dejar el acceso a la vivienda librado a la buena voluntad de los propietarios era un boleto directo a la miseria y al hacinamiento. Y algo de razón tenían porque, más de un siglo después, la historia es prácticamente la misma. Y dejar el acceso a la vivienda irrestrictamente al mercado inmobiliario no es opción.

Recién en la década del cuarenta la política habitacional pegó un volantazo EN SERIO. La gestión justicialista demostró que el Estado no tenía que ser una ventanilla burocrática y lenta para sellar expedientes o un mero instrumento al servicio del mercado inmobiliario, sino un actor estratégico capaz de planificar y gestionar el territorio. El Banco Hipotecario Nacional se puso a financiar casas a tasas que un laburante podía pagar, y las políticas sociales de la época levantaron barrios enteros que demostraron, en la práctica, que la vivienda popular no tenía por qué ser una caja de zapatos precaria. Los loteos populares eran un instrumento de acceso sencillo a un pedacito de tierra y para 1948, con la sanción de la Ley de Propiedad Horizontal, el acceso al departamento propio se democratizó y le cambió para siempre la cara a las ciudades y a los proyectos familiares. Fue una época de un Estado inteligente, si ordenamos el acceso a la vivienda, ordenamos la vida de la comunidad. Experiencias como la Ciudad Evita, el barrio Saavedra, Barrio Gral. Paz y el Barrio Gral. San Martín eran prueba viviente de que, con voluntad política, planificación y el protagonismo de la comunidad, es natural que la realidad se pueda transformar.

La Constitución de 1949 vino a darle un marco institucional a esa discusión. En su capítulo IV, a través de los artículos 38 y 39, se consagró la función social de la propiedad privada y se subordinó el capital al desarrollo económico, poniendo a la economía directamente al servicio del bienestar social. Bajo esa concepción doctrinaria, el margen para la especulación inmobiliaria se reducía de raíz, tanto en la construcción como en el mercado de los alquileres urbanos: el techo dejó de ser concebido como una mercancía sujeta a la renta financiera para consolidarse como un bien social y un derecho innegociable.

Durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, la política habitacional construyó y financió 500.000 viviendas, lo que benefició directamente a 2.500.000 personas a un ritmo promedio que alcanzó una vivienda cada ocho minutos. Este despliegue se tradujo en complejos emblemáticos, la edificación de «chalecitos californianos», y se logró reducir el alquiler sobre el salario obrero del 25% al 8%. Números altísimos para una población que no llegaba a los 20 millones de habitantes, hoy con 50 millones de personas habitando este suelo, la cantidad de viviendas construidas en los últimos 3 años es de 0 (CERO).

Pero esa brújula se rompió a bombardeos e intervenciones militares durante las décadas siguientes. Entre los años sesenta y setenta, la desindustrialización y los gobiernos de facto inauguraron la política de la topadora, expulsar a los pobres de los centros urbanos y mandarlos a los márgenes del conurbano para «limpiar» la ciudad. Ya en los ochenta y noventa, con la retirada triunfal del Estado de la planificación de infraestructura, el dogma pasó a ser que el mercado ordenaba y que “iba a acomodar los melones por sí solo”. Y fijate que sí los acomodó. Armó centros urbanos VIP, barrios privados, countrys, loteos lujosos, torres inmensas para la especulación financiera y mandó a los sectores populares a lotear terrenos inundables, contaminados, sin asfalto ni cloacas. A la suerte de Dios.

Así llegamos a la gran paradoja de las últimas dos décadas. Tuvimos crecimiento, boom sojero y una fiebre de la construcción fenomenal, pero el déficit habitacional no paró de crecer. Se levantaron millones de metros cuadrados, pero el porcentaje general de inquilinos, que hace unas décadas era marginal, trepó a nivel nacional al 18,4%. La tragedia pega más fuerte entre los más jóvenes de 16 a 29 años, donde el 41% se ve obligado a alquilar de por vida. Renovar un contrato hoy te deja pidiendo la hora, y las principales provincias argentinas acumulan déficits estructurales donde el ladrillo hueco y la chapa reemplazan cualquier intento serio de urbanización.

Durante la primera mitad del siglo pasado, los números eran marginales: apenas 19 barrios populares nuevos en la década de 1900, otros 41 en los años treinta y otros 61 en los cuarenta. Pero con la migración interna detrás del espejismo del empleo industrial, los cincuenta y sesenta pegaron un salto a 134 y 272 nuevos asentamientos respectivamente, pensados en ese momento como un rancho transitorio antes de acceder al crédito formal.

Esa ilusión fue pulverizada por la dictadura de los setenta a fuerza de topadoras, sumando 351 nuevos barrios al expulsar a las familias hacia los márgenes de tierra ociosa del conurbano simplemente para «limpiar» la estética del centro, inaugurando una inercia que la hiperinflación de los ochenta llevó a 605 nuevos asentamientos mediante tomas de tierras organizadas porque el Estado ya miraba para otro lado.

Sin embargo, el golpe definitivo llegó en los noventa, cuando la desocupación de dos dígitos y la desindustrialización cristalizaron la pobreza estructural y surgieron 926 barrios nuevos, preparando el terreno para una realidad incómoda, el estallido del 2001 no sólo detonó la economía formal, sino que funcionó como el gran acelerador que masificó definitivamente las villas. A partir de esas cenizas entramos en la década del 2000, durante los años de mayor crecimiento y pleno boom de las commodities, la dolarización feroz de la tierra empujó a las nuevas generaciones a una informalidad sin precedentes. Ese cóctel entre la resaca de la crisis y el encarecimiento del suelo marcó el récord histórico absoluto de 1131 nuevos asentamientos. Una inercia trágica que ni siquiera pisó el freno en el período siguiente, sumando otros 833 barrios tan solo entre 2010 y 2016.

Los números demuestran empíricamente que, incluso con la macroeconomía tirando flechas verdes, la política habitacional fue un desastre tan rotundo que terminamos consolidando la precariedad de la chapa y el pasillo inundable como el único destino posible para millones de argentinos.

Si alquilar es un calvario digno de una película de terror, en el fondo fondísimo de la olla la realidad no es una película, el terror es verdadero. El crecimiento de los asentamientos no se detuvo jamás; hoy, casi el 97% de las familias en barrios populares no tiene red cloacal, el 92% no accede al agua corriente de forma segura y un 66% sobrevive colgado del tendido eléctrico. A este mapa del abandono se le suma una emergencia, el 74% de los hogares en estos barrios populares ya ni siquiera logra cubrir los gastos mínimos para sobrevivir hasta fin de mes.

Para sumar a la preocupación, cuando no llegás a poner un plato de comida en la mesa, hablar del déficit habitacional parece una discusión de otra galaxia. Pero esto es así y hay que intentar dar las dos discusiones en paralelo.

En medio de este panorama desesperante, el Ministerio de Economía sale a vender por cadena nacional el regreso de los créditos hipotecarios como si hubieran inventado la penicilina. No hay que dejarse chamuyar, esto es puro populismo de derecha. Anuncian créditos a treinta años en un país donde los salarios formales están destruidos y la informalidad laboral es la regla, escalando año a año. Para acceder, los bancos exigen demostrar ingresos por encima de los 2,5 o 3 millones de pesos mensuales. Es una política de marketing hecha a medida para el desarrollador inmobiliario que quiere liquidar stock; es una puerta que te dicen que está abierta, pero en la entrada hay un patova pidiendo recibos de sueldo que solo tiene una minoría ínfima de la población. ¿Recibo de sueldo? ¿En este país?, en realidad es una política ¿pública? pensada únicamente para menos de 20 mil familias.

Al laburante no le resuelve absolutamente nada.

La ironía se vuelve más dolorosa cuando ves que, al mismo tiempo que el oficialismo te vende espejitos de colores en la sucursal del banco, paralizan con una motosierra las únicas herramientas que venían mitigando los daños en el territorio, como las obras de integración socio urbana. La lógica de esa política era realista, ya que el Estado fracasó estrepitosamente en evitar que se formen las villas, su obligación mínima era llevar asfalto, cables seguros y regularizar los títulos. Pero todo eso se frenó en nombre del sacrosanto déficit cero. Dejaron la obra pública de los barrios populares tirada por la mitad para poder mostrar una planilla de Excel prolija. Realmente inaudito, la única política de Estado, construida con consenso entre todas las fuerzas políticas e incluso aplaudidas por propios funcionarios de Milei, destruida por un capricho.

Si pretendemos que vivir en este país deje de ser una odisea cotidiana tenemos que garantizar la premisa básica, común y consensuada tiene que ser una sola:

No podemos pensar una política habitacional sin definir primero un proyecto de país.

Somos espectadores de lujo en este proceso de “peruanización” de la Argentina, una dinámica que el actual gobierno nacional acelera a fondo, pero que no escapa a la lógica de las últimas décadas orientadas a pauperizar a los sectores medios y a los sectores populares. El objetivo de este modelo es villerizar a la clase media, empujándola a caer de un estatus social y económico que había se consolidado principalmente desde el peronismo hacia la fecha.

Este quiebre impacta de lleno en la vida de todos nosotros, se diseña un escenario para que el nivel de consumo disminuya, los trabajadores sean empujados hacia la informalidad y terminen expulsados de los principales centros urbanos hacia las periferias. Al perder poder adquisitivo, estas familias pierden acceso a la salud, a la educación, volcándose y haciendo explotar la capacidad de atención del sistema de salud público provocando así una saturación.

En este contexto de empobrecimiento, no podemos urbanizar las villas sin generar trabajo genuino en paralelo, porque sin ingresos reales nuestros barrios vuelven a cerrarse como guetos o terminan replicando en la creación de nuevos asentamientos. La falta de trabajo, de proyecto de vida, fomenta el hacinamiento vertical, las edificaciones crecen para arriba de manera precaria porque nadie puede comprarse un pedazo de tierra para construir su propia vivienda.

La salida es el desarrollo de nuestro país, pensar estratégicamente en los lugares donde explotamos nuestros recursos para construir ciudades que incorporen los servicios e instituciones necesarias para vivir con el objetivo de llevar adelante un proceso de migración inversa y así buscar desconcentrar sobre todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Promover la economía del conocimiento para que los sectores profesionales recuperen su capacidad de ingresos, reactivar la obra pública en sectores de vital importancia para el interés nacional como es el acceso al agua potable, a las cloacas y al gas natural. Impulsar un proceso de reindustrialización en sectores de metalurgia y metalmecánica que no sólo permita generar trabajo sino abastecer a los procesos de construcción a mediana y gran escala. Utilizar la capacidad estatal para generar grandes loteos que permitan la redistribución de las tierras ociosas, que sean fiscales o que el Estado considere de utilidad pública. Generación de créditos para primera vivienda a partir del castigo a la especulación financiera y al juego.

La tarea urgente pasa por reconstruir un Estado fuerte, estratégico e inteligente. Hace falta un Estado que recupere la potestad de intervenir sobre el mercado del suelo para ponerle un freno a la especulación, que incorpore herramientas modernas de planificación para urbanizar e integrar todo lo que hoy quedó en la marginalidad. Un Estado que entienda a la vivienda como la base indispensable de la vida social y familiar, el espacio primario desde el cual se edifica la casa común. Sin resolver ese piso elemental de techo y trabajo, cualquier discurso que hable de libertad es, lisa y llanamente, una joda.