Malvinas: Pesca y soberanía

Producto de ello y en paralelo a la gente, la clase política se subió, con suerte, parcialmente a ese tren y dejó en evidencia que les queda incómodo el abordaje de tamaña causa nacional. Las publicaciones de redes, así como quien escribe que lleva adelante un trabajo administrativo, fue lo único que se limitaron a repostear, subir a historias o retuitear los funcionarios y dirigentes de todo el arco político, aunque claro está que más me preocupa el silencio de los propios que de los ajenos.

¿Pero por qué les queda tan incómodo? ¿Por qué solo se remiten a la discusión de las declaraciones diplomáticas y no abordan el tema con la seriedad que merece? La respuesta es más simple de lo que parece: hablar de Malvinas con seriedad es hablar de toda la red de discusiones que integra la causa Malvinas.

Porque por un lado tenemos el reclamo histórico y jurídico. Las Malvinas son Argentinas y están siendo ilegalmente ocupadas por un extranjero: Inglaterra. Por ende, es caer en un error garrafal hablar de que somos nosotros quienes debemos ocupar las islas, cuando en realidad las tenemos que recuperar y ejercer la soberanía de hecho, con la legitimidad que nos corresponde y que es respaldada por mil y un antecedentes, discusión que es muy bien abordada por el gran amigo de la casa Juan Rattenbach, sin ir más lejos.

Pero hay una realidad que suele ser pasada por alto, la discusión de cómo se sostiene esa ocupación ilegal de nuestro territorio (que es del 25% de nuestro territorio, para mayor precisión). Y es cuando se hace doble clic allí que entra en juego este entramado de discusiones del que hablo un poco más al inicio.

Ni bien nuestras islas fueron ocupadas, la matriz productiva de aquellos que se asentaron allí era similar a la que tenemos en el continente: ganadería y agricultura. Con ello se sostuvieron, evitaron pasar hambre, e incluso iniciaron el proceso de establecer gran parte de la infraestructura hoy existente en las islas que ofician de pueblos que habitan en términos materiales de construcción y etcétera.

Pero, para el año 2012, hubo una confesión de parte de los británicos que develó que sin la emisión de permisos pesqueros desde la isla hubiera sido insostenible la ocupación. Evidenciaron así un cambio en la matriz productiva de los ocupantes de la isla cambiando la cría de ganado por la firma de papeles para el ejercicio de esta actividad doblemente ilegal: no son dueños de nuestra tierra, mucho menos de los recursos que permiten explotar.

Este tema se empezó a abordar hace un tiempo, más no se llevó adelante ninguna medida que corte con esta actividad que les permite subsistir ocupando nuestro territorio y representa en torno al 58% y, por momentos, al 75% del PBI de las islas. Estamos hablando de un negocio que extrae 262 mil toneladas de fauna marítima de nuestras aguas al año, generando (según las propias proyecciones de Inglaterra) una actividad para 2026-2027 de 40 millones de libras, con un gasto administrativo de aproximadamente 5 millones, que dejan una ganancia limpia de 35 millones de libras que se escapan de nuestro mar, de nuestras islas, a engordar las arcas de Londres.

Díganme si no es negocio para nosotros ese negocio de, haciendo la conversión, 47 millones de dólares solo de ganancias de emitir licencias. La conversión de en cuánto pagaríamos la deuda con el FMI solo con esta actividad se las dejo a ustedes.

La discusión que sigue a esto es si alcanza o no con la emisión de licencias pesqueras. Y la respuesta es no.

En un proyecto de país, serio por supuesto, el ejercicio de la pesca también se haría en buques de bandera nacional y sería, esa pesca, destinada principalmente a nuestro país antes que el comercio exterior (sí, como todas las producciones de alimentos debieran ser) para que, además, nuestros compatriotas puedan acceder a la proteína de más alta calidad a un precio más accesible del que manejamos actualmente. O díganme ustedes cuando fue la última vez que no comieron ni merluza ni atún, ni ningún otro producto de pesca.

Por un lado tenemos la limitante que le debemos al menemismo: decreto 1772 de Libre Bandera para la Navegación. Que permite que cualquier buque pueda optar por la bandera que le convenga para navegar nuestras aguas, permitiendo así que los navíos puedan optar por aquella bandera que le represente menos limitantes en derechos laborales y fiscales, ni hablar de que las tripulaciones no tienen obligación de que sean argentinos o argentinas.

Por otro lado, iniciado ya hace mucho tiempo, está el gran proceso de desindustrialización que sufre nuestro país, pues la flota marítima no escapa de ello y es otro tema a abordar. La inexistencia, aún teniendo gran historial de trabajo de calidad en nuestros astilleros, de una flota pesquera nacional, y un empresariado nacional pesquero completamente debilitado, imposibilita la explotación que se podría realizar en el ejercicio de la pesca de nuestros propios recursos.

Todo esto nos genera, en términos monetarios, una pérdida de 47 millones de dólares por los permisos de pesca, sumados otros 2500 millones de dólares por mercadería no declarada. Dinero que se llevan los ocupantes de nuestras islas y, por ejemplo, la flota española que partió de Galicia semanas atrás para iniciar otra temporada de pesca en la milla 201. Porque, dos cosas: no solo las potencias juegan en conjunto en cuanto a la explotación de “los países de la periferia”, sino que juegan también en los límites legales establecidos. Como si un pulpo o una merluza entendiera qué es la milla 201: pero al final del día, en la milla 201, siguen llevándose nuestra fauna marítima.

Si la decisión política de ejercer efectivamente esta actividad existiera, es acá donde aparece el eslabón de la cadena que conecta esta actividad con el desarrollo del país.

Al día de hoy la industria naval está sobreviviendo operando muy por debajo de su capacidad instalada. 17 astilleros privados emplean en conjunto 800 personas y 3 astilleros estatales generan 4000 puestos de trabajo, aunque ninguno está operando al 100%, por el contrario. Sumado a esto, se estima que en un proyecto que encare esta discusión, la reactivación total de esta actividad podría generar 2800 puestos de trabajo directos adicionales y una facturación anual de 400 millones de dólares.

Por fuera de los empleos directos, hay que incluir en la cuenta los 5000 puestos de trabajo indirectos que se generan junto a la reactivación de esta actividad. Estamos hablando de 12600 puestos de trabajo en total solo en torno a la fabricación efectiva de barcos.

Si consideramos que en 2024 se consumieron 153.760 toneladas de acero, de los cuales dos tercios fueron destinados directamente a la fabricación de buques de pesca, ¿Cuántos puestos de trabajo más se generarían?

Estamos hablando ya a estas alturas de que esta causa excede la recuperación de nuestro territorio y de nuestra soberanía: ya estamos hablando de industria, de laburo, de comida a precios asequibles.

Pero, hay una cuarta dimensión que debe tenerse en cuenta en torno a esto.

Hace algún tiempo se hizo famosa esta foto. Es la que ilustra cómo se hace efectiva la depredación de nuestros recursos, en nuestro territorio, ocupado y sin fiscalización. Y hago hincapié en esto último: no tenemos una política de defensa activa que patrulle nuestros mares, incluso cuando el territorio marítimo es el 65% de nuestro territorio nacional. Una locura.

Por esto es necesario reactivar las discusiones en torno a la defensa nacional en simultáneo y no en paralelo, para poder abordar integralmente esta discusión en particular. Y hablo de “simultáneo y no en paralelo” porque hay que perderle el miedo a la integralidad de las discusiones. De hecho hay que abandonar esta lógica de abordar las discusiones por separado, como si no tuvieran que ver. Porque incluso una buena política diplomática; una buena política de explotación pesquera; una buena política de industria naval; una buena política de defensa; no sirven si no pueden encajarse entre sí, y eso solo se resuelve pensándola como partes de un todo.

Sin ir más lejos, solo una política activa de defensa en nuestro mar es lo que haría que los costos de la ocupación ilegal de nuestras islas aumenten, haciendo así el negocio de las licencias menos próspero y modificándose la economía a ese proceso de ocupación. Mientras, sin una armada y una prefectura fortalecidas, con presupuesto sostenido, no se puede pensar que un proyecto tenga la seriedad que la recuperación de nuestra soberanía en Malvinas y el ejercicio efectivo de actividades soberanas en el continente antártico.

Malvinas, nuestra gran causa nacional, merece ser tomada con la seriedad que amerita. Caso contrario de poco sirve la indignación sentida cuando nos enteramos que, además de todo lo visto en esta nota, se está barajando la explotación de hidrocarburos en esa misma área. Porque de nada sirve condenar estas actividades si mañana no tenemos un gobierno que efectivamente tome la posta en estos sentidos, solo nos quedamos en la mera denuncia de una situación no abordada como si de un tuit de enojo se tratara.

Por ello, el desafío que tenemos por delante no es solo tomar estas discusiones y hablar de ellas. Necesitamos construir soluciones a medida que abarquen la multidimensionalidad que representan. No es fácil, claro, mas sí es necesario.